El acoso judicial se ha consolidado en México como uno de los principales mecanismos de censura contra periodistas y medios de comunicación, alertó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su más reciente informe presentado durante la 81 Asamblea General del organismo.

De acuerdo con el reporte sobre la libertad de expresión en México, gobernadores, legisladores y funcionarios públicos han recurrido a figuras legales como la “violencia política de género” y las demandas por daño moral para inhibir la crítica periodística y ciudadana.
Los casos más notorios ocurrieron en Campeche y Sonora, aunque también se documentaron sanciones y procesos en Veracruz, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

“La libertad de prensa enfrentó un panorama complejo, en especial por el uso de instrumentos judiciales y regulatorios para limitar la crítica”, señala el informe de la Comisión de Libertad de Expresión de la SIP.

Casos representativos de censura judicial

El documento menciona el caso de El Universal y su columnista Héctor de Mauleón, demandados por la titular del Poder Judicial de Tamaulipas, Tania Contreras López, tras publicar una columna sobre presuntas redes de corrupción y tráfico de combustibles. Aunque el Instituto Electoral descartó violencia política de género, ordenó retirar el texto y multó al diario, que impugnó la decisión ante el Tribunal Electoral local.

En Campeche, la gobernadora Layda Sansores denunció al periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector del diario Tribuna, por supuesta incitación al odio y violencia de género. Un juez ordenó el cierre del medio por dos años, prohibió al comunicador ejercer el periodismo durante ese periodo y estableció la figura de un censor para revisar sus columnas antes de publicarse. Sansores también emprendió acciones civiles contra otros reporteros.

Otro caso citado es el de Karla María Estrella, sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por un comentario en la red X sobre nepotismo en el entorno del diputado Sergio Gutiérrez Luna. Se le impuso una multa, una disculpa pública obligatoria durante 30 días y su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género, hasta 2027. Estrella anunció que llevará su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Reformas legales con riesgo para el periodismo

La SIP también alertó sobre reformas legislativas que podrían vulnerar la libertad de prensa. En Puebla, el Congreso local aprobó en junio una modificación al Código Penal estatal para incorporar el delito de “ciberasedio”, con sanciones de hasta tres años de prisión y multas cercanas a 40 mil pesos. Aunque la medida se justificó como una estrategia para combatir delitos digitales, organizaciones advirtieron que su redacción inicial podía utilizarse para castigar expresiones críticas en redes sociales o medios digitales.
Tras la presión de colectivos periodísticos, los legisladores ajustaron el texto para proteger el trabajo informativo.

En Coahuila, el diario Vanguardia de Saltillo enfrenta un litigio mercantil por un supuesto adeudo de hace décadas, que derivó en el embargo de sus bienes. El medio denunció irregularidades procesales, conflictos de interés y actos de hostigamiento, como vigilancia e intimidación a su personal, calificando el caso como un intento de censura judicial indirecta.

Ambivalencia del gobierno federal

El informe también analiza la relación del gobierno federal con la prensa. Señala que la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una posición ambivalente: por un lado, ha radicalizado su discurso contra medios que publican investigaciones sobre presuntos actos de corrupción del gobierno anterior; pero, por otro, se ha pronunciado en contra de la censura, al pedir al Senado frenar un artículo de la nueva Ley de Telecomunicaciones que otorgaba facultades al Ejecutivo para bloquear plataformas digitales.

Opacidad en el acceso a la información

Finalmente, la SIP destacó que, durante la actual administración, la Oficina de Transparencia para el Pueblo —creada en sustitución del desaparecido INAI— desechó el 99.6% de las solicitudes de información. Organizaciones civiles denunciaron que esta práctica profundiza la opacidad gubernamental y limita el derecho ciudadano a la información.

Publicación del Diario El Universal