Al acudir a comparecer ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Auditor Especial de Desempeño, Agustín Caso Raphael, responsable de la auditoría relacionada con los costos de la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se construía en Texcoco, defendió la fiscalización que corrió a su cargo, y aseguró que “no hubo un error” en el dictamen, sino ópticas distintas de análisis, igual de válidas.

El funcionario, separado de su cargo mientras se desarrolla una investigación sobre posibles tintes políticos de trasfondo en el dictamen, arrancó su participación al afirmar que esta área es ajena a discusión partidista, y apuntó que en 50 años de trayectoria nunca ha sido señalado o sancionado por alguna irregularidad.

“Manifiesto con firmeza que no existió dolo o motivación política en el equipo auditor”, indicó ante los diputados y diputadas integrantes de la Comisión legislativa.

Luego de los cuestionamientos hechos por el gobierno federal y por la bancada de Morena, sobre dicha auditoría, Caso indicó que en ésta no hay algún señalamiento hacia algún servidor público, así como petición de promoción de sanciones por conductas graves o no graves, y “al no tener ningún elemento punitivo con estos elementos queda claro que no existió ninguna intencionalidad de imputar alguna conducta ilegal a algún ente o algún gobierno”.

“No es la intención de su servidor pretender imponer una cifra sobre otra, no sólo por su origen y naturaleza distintas, sino porque son hipótesis que se habrán de materializar en el momento en que concluya el proceso de cancelación del aeropuerto que aún está en proceso, y por tanto sería inadecuado en este momento establecer cifras definitivas y más aún si el proceso de auditoría aún se está desarrollando”, indicó.

Explicó que en el mismo diseño de la auditoría se aclara que la revisión de cumplimiento financiero no corresponde a un solo año, sino que se valoran los tres tipos de costos de un proceso que inició hace siete años, así como estimaciones de costos a fututos “que pueden concretarse o no”.

Los primeros recursos económicos asignados al proyecto se remontan al ejercicio de 2014, pero cuyo proceso no está concluido, ya que hay un conjunto de escenarios jurídicos y económicos que pueden concretarse hasta en 26 años, indicó.

Tras ser cuestionado en distintas ocasiones por el comunicado emitido por la propia ASF, en la que reconoce que hay inconsistencias en el documento, Caso Raphael adujo que al estar bajo un proceso de investigación, y estar separado de su cargo, no podía profundizar en ese tema por cuestiones legales.

Luego que la diputada por Morena, Sandra Paola González, le cuestionó que el Secretario de Hacienda y Crédito Público objetó la información difundida por la ASF en dicha auditoría, afirmó que “no hay error, hay una metodología que arroja una serie de cifras; es muy respetable la posición del Secretario de Hacienda y desde luego sus consideraciones y su análisis serán debidamente tomadas en cuenta en el proceso de seguimiento de la propia auditoría”.

Nadie está mintiendo, no hay dicotomía sobre si una visión y otra es la correcta, insistió el auditor, quien en su conclusión reiteró: “mis respetos a la investidura presidencial, además de eso, reiterar que en esta Auditoría no hay dolo ni mala fe. También comentar que las auditorías de desempeño están sujetas a un proceso muy riguroso de verificación, el cual está fundamentado en las normas, eso permite dar certidumbre que las auditorías están bien hechas”.