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Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió el incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas azucaradas incluido en el Paquete Económico 2026, al asegurar que la medida tiene un propósito sanitario y no afectará a las tienditas del país. “Sí, pero no, no tiene sustento. Las bebidas azucaradas […]
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió el incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas azucaradas incluido en el Paquete Económico 2026, al asegurar que la medida tiene un propósito sanitario y no afectará a las tienditas del país.
“Sí, pero no, no tiene sustento. Las bebidas azucaradas se venden en el último rincón del país, y el objetivo —entiendo su preocupación— pero desde nuestra perspectiva es que se consuma menos”, afirmó.
Sheinbaum subrayó que el impuesto busca disminuir el consumo de productos dañinos para la salud, al recordar que “el exceso de bebidas azucaradas está científicamente comprobado que causa daños al organismo”.
Rechazo del sector empresarial
Un día antes, representantes de cámaras empresariales solicitaron a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados detener el aumento del IEPS, argumentando que “no es un impuesto saludable” y podría perjudicar a las microtiendas y comercios locales. La propuesta del Ejecutivo contempla una reducción del 7% en el consumo de refrescos y una recaudación estimada de 41 mil millones de pesos.
Recursos para salud pública
La presidenta añadió que su administración mantiene diálogo con el sector privado y la Secretaría de Salud para impulsar la producción de bebidas más saludables. Además, destacó que los recursos obtenidos por el impuesto se destinarán a programas de atención a la diabetes e hipertensión.
“Hay pláticas con ellos y con la Secretaría de Salud, y puede seguir habiendo, porque deben promoverse bebidas más saludables. Y lo que, si se llega a recaudar, se va directo a la atención a diabetes e hipertensión”, señaló.
Con esta medida, el Gobierno federal busca alinear la política fiscal con la política de salud pública, mientras el Congreso de la Unión analiza las implicaciones económicas y sanitarias del nuevo impuesto.
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