La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en 2026 enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma laboral para incorporar a nivel constitucional y legal la jornada laboral de 40 horas semanales. Esta modificación permitirá pasar del modelo actual de 48 horas a 40 horas de manera gradual, iniciando en 2027 con una reducción de dos horas anuales hasta que, en 2030, todos los trabajadores cuenten con la jornada completa de 40 horas.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, indicó que, según datos del INEGI, actualmente hay 13.4 millones de trabajadores en el país que laboran 48 horas semanales, quienes serían los principales beneficiados con esta reforma. Puntualizó que se trata de un cambio que requerirá la aprobación del Congreso de la Unión y, en caso de modificaciones constitucionales, también de los congresos locales.

Bolaños explicó que 2026 servirá como un año de transición para que empresas, sindicatos y trabajadores ajusten sus métodos de producción a la nueva jornada. La reducción comenzará en 2027, disminuyendo dos horas por año hasta alcanzar las 40 horas en 2030.

Sheinbaum señaló que las negociaciones para consensuar la reforma no fueron sencillas, ya que algunas organizaciones sindicales demandaban que la jornada de 40 horas comenzara de inmediato en 2026, mientras que sectores empresariales se mostraban reticentes por el impacto que consideraban tendría en sus operaciones.

Sin embargo, la presidenta destacó que experiencias internacionales demuestran que la reducción de la jornada laboral incrementa la productividad y los beneficios tanto para trabajadores como para empresas. Incluso en países nórdicos se han implementado jornadas de hasta 36 horas semanales por los resultados positivos observados.

Sheinbaum subrayó que estas reformas no generan costos adicionales significativos para las empresas, incluso en sectores como hotelería, y resaltó que el consenso alcanzado permitirá avanzar en otros cambios laborales importantes, como la ampliación de vacaciones, la eliminación del outsourcing, la distribución de utilidades, la Ley Silla y la disminución de comisiones en las Afores.