Miscelánea, salud y política Judith Álamo López

A punto de finalizar un sexenio trepidante, en el que las instituciones democráticas fueron hostigadas para someterlas a la voluntad de un solo hombre, no cualquiera, sino uno que cree vehementemente ser el poseedor de la verdad. Maltrechas y amenazadas perviven estas, en pausa, debido a que la presidenta virtualmente electa prometió dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación, y aún no sabemos qué significa eso.

La gente progresista que, pese a los embates en contra, quiere para México mayor desarrollo con justicia social, mantiene la esperanza en que la próxima presidenta, Claudia Sheimbaun, mediante el diálogo, continuará con la búsqueda de consensos para lograr reformas que permitan a México continuar por la senda democrática, con justicia, seguridad, libertad, igualdad y equidad para todos los ciudadanos ante la ley.

Ha sido el de López Obrador un gobierno duro con los adversarios, autoritario, populista, persistente y consistente. Muchos opinadores e investigadores dicen que aplica “El manual del dictador” (https://lasillarota.com/opinion/columnas/2022), incluida en él la polarización social: dividió a los mexicanos entre “liberales” y “conservadores”; atiza todavía esta división con un centenar de mentiras diarias, mientras la violencia sin control genera el “miedo” al cambio, entre otros preceptos.

El pueblo agradeció a Morena con votos las pensiones para los viejitos, las becas, el incremento a los salarios mínimos y otros apoyos sociales gubernamentales, omitió que el mismo hombre que “les otorgó” estas prerrogativas, les quitó el servicio médico y hospitalario, los dejó sin medicamentos suficientes, ni vacunas para completar el cuadro básico; sin estancias infantiles, ni refugios para mujeres, ni escuelas de tiempo completo; tampoco dejó fondo para los desastres y siniestros, etcétera, etcétera.

Empiezan a surgir estudios postelectorales que demuestran que el 54% de la votación a favor de “la continuidad” no se trató solo de preferencia de las clases populares, muchos de esos votos fueron depositados por clases medias, las mismas que fueron denostadas por el presidente López Obrador. Sin duda hay que analizar con atención la configuración del nuevo mapa político, las motivaciones reales de una nación emocionalmente más proletarizada y amedrentada, menos libre.

Sin duda hay un sector grande de convencidos quienes contribuyeron a la victoria apabullante, a punto de ser declarada legal y legítima, a menos que sucediera un milagro. Ésta es resultado del uso y abuso de los recursos públicos y el aparato de propaganda estatal y los aliados privados que cuidan sus concesiones.

La autonomía del INE, pese a los esfuerzos ciudadanos y “mareas rosas”, logró ser vulnerada, si no cómo comprender que no haya prohibido la conferencia Mañanera y hasta auspició mensajes en tiempos oficiales en que el oficialismo presumió la propiedad de los programas sociales del gobierno y advertía que la oposición los quitaría, propiciando una elección inequitativa.

Para analizar la realidad objetiva de los resultados electorales todavía falta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva juicios de inconformidad y nulidad, así como impugnaciones interpuestas por partidos políticos de oposición por la intervención presidencial y del crimen organizado en los comicios, dictamine la validez de las elecciones.

Asimismo, se espera asigne senadurías y diputaciones federales por el principio de representación proporcional, a fin de conocer la conformación del Congreso de la Unión. Hay pocas expectativas de que se logre contener la sobrerrepresentación de la mayoría en la Cámara de Diputados.

Aunque lo niegue AMLO, las elecciones de 2024 pasarán a la historia del país como las más violentas, según reportan varias organizaciones, entre ellas, Causa en Común, con 36 aspirantes y tres candidatos ya electos asesinados, decenas de secuestrados, otros aspirantes y funcionarios electorales fueron obligados con amenazas  a renunciar.

Y López Obrador, tan interesado en trascender como un presidente legal y legítimo que encarnaba las aspiraciones del pueblo, por su incapacidad para aceptar la crítica, redujo a “reaccionarios”  a cualquiera que no pensara como él, incluidos políticos, empresarios, académicos, investigadores y periodistas, pasará a la historia como el más hostil para la prensa libre y analítica.

Especialmente se ensañó en contra de los comunicadores críticos e independientes, ninguneó a académicos, investigadores, historiadores, científicos, filósofos quienes participaron en la democratización del país en los últimos 40-50 años.

Para muestra del clima que permea en el cierre de AMLO, baste señalar que Latinus acusó a AMLO de persecución contra los periodistas Carlos Loret de Mola y Brozo, quienes han difundido reportajes de corrupción que involucran a sus hijos y a los amigos e ellos. El presidente aseguró que nunca ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera investigarlos, pero señaló que el trabajo de éste órgano es indagar movimientos extraños “para cuidar lo relacionado con lavado de dinero”.

Y otro caso que podría clasificarse también de venganza es el de Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), denunciada por el mismísimo director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza en La Mañanera, por ser parte de un acto de corrupción en contra del organismo, por 31 millones de pesos.

El funcionario acusó a la académica y a sus hijos de cobrar “indebidamente”  la pensión de viudez de su esposo exfuncionario de la paraestatal. Mira nada más de lo que se ocupa quien debería controlar, cuando menos, la proliferación del huachicol.

En el gobierno de quien llegó con la bandera contra la corrupción ha crecido la opacidad y la inhabilitación de los controles para impedirla. Recordemos que fue MCCI la organización que denunció entre otros ilícitos la existencia de la “casa gris” que habitó la familia de José Ramón López Beltrán, en Hosuton, Texas, siendo propiedad de uno de los proveedores de PEMEX, acto ilegítimo proscrito por las leyes mexicanas. https://contralacorrupcion.mx/cuentasclaras/las-nuevas-revelaciones-de-la-casa-gris/

No perdamos de vista la realidad objetiva: quien será la primera mujer en la Presidencia de la República pertenece a la tercera edad temprana –con 62 años de edad– cuenta con doctorado en ciencias, fue altamente cuestionada por la opacidad con que “resolvió” graves accidentes con pérdidas de vidas, como jefa delegacional de Tlalpan y como jefa de gobierno capitalino, el colapso de la Línea 12 del Metro. De ambos casos aún hay secuelas físicas y emocionales en familiares de medio centenar de fallecidos y decenas de víctimas sobrevivientes.

Su promotor, desde Palacio Nacional usó toda la fuerza y los recursos del Estado para dejarla como su sucesora. Hoy el líder populista carismático de la mano con la virtual presidenta electa, vive, a tambor batiente, realizando giras por todo el país, los últimos días de su encargo presidencial.

Si no queremos pecar de ingenuidad o de excesivo optimismo frente al cambio, no olvidemos que Andrés Manuel López Obrador hace un sexenio logró la proeza de arrebatar el poder al PRI al obtener 30 millones de votos, gracias a sus falsas promesas democráticas y pese a haber jurado respetar la Constitución fue un contumaz violador de la misma.

Ahora, tengamos serenidad y paciencia (como decía Kalimán a Solín) ante los actos de la primera mujer virtualmente electa como presidenta. Ella asumirá el mando el próximo 1 de octubre, mientras el jefe del Ejecutivo en funciones quiere dejarle la mesa puesta y servida, apresurando la aprobación de las 20 reformas legales –18 constitucionales– que envío al Congreso en febrero pasado.

El mandatario debiera de concederle a su sucesora el derecho a decidir sus prioridades dentro del mismo proyecto que comparten, eso quedó claro.

Podría ser oportuno que se tome unos minutos y lea el Manual para Violentadores que el Tribunal Electoral exige lean quienes son sancionados por el uso sexista del lenguaje –él fue sancionado, pero no obligado a tomar el curso respectivo–por lo que la víctima, la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez se lo envío a Palacio Nacional, “para que se dé cuenta que su machismo normaliza la violencia política contra las mujeres”.

Ya veremos qué ocurre con la primera iniciativa presidencial que propone la elección de funcionarios del Poder Judicial de la Federación, la cual por determinación de la presidenta virtualmente electa será analizada en los foros que se celebrarán en el Senado de la República con la participación de los involucrados. Hasta entonces tendremos indicios de lo que viene como continuidad.

Aunque todos coinciden en que hay que reformar el Poder Judicial y en sí todo el sistema de impartición de justicia, la sola elección de ministros, magistrados y jueces solo destruiría ese poder, concuerdan reconocidos juristas quienes consideran esta propuesta es represalia de AMLO contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, única institución que sirvió de contención a los afanes presidenciales de pasar por encima de la Constitución.

Según un estudio del Foro Económico Mundial sobre el desempeño de países con liderazgo femenino durante la pandemia de Covid 19, los resultados demostraron que las gobernantes tuvieron mayor éxito en el manejo de la emergencia, por tres factores: las mujeres muestran un liderazgo colectivo más que individual; colaborativo en lugar de competitivo y compartido más que dominante. Ojalá.

Hasta el momento ha nombrado a seis de los primeros integrantes de su gabinete, gente incuestionable por sus capacidades académicas y trayectorias, con excepción de Ernestina Godoy, quien será consejera jurídica presidencial, pero dejó muy malas notas como fiscal de la capital del país.

Y si, se trata de no exagerar con las expectativas de los primeros nombramientos hechos por Claudia Sheinbaum para integrar su gabinete, baste recordar que ninguno de los cuatro que colaboraron con López Obrador, y quienes serán titulares de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O;  de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; de Economía, Marcelo Ebrard y del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, pese a sus altos méritos académicos nunca se opusieron a las decisiones de AMLO, muchas veces calificadas de autoritarias y hasta caprichosas por especialistas.