Puntales Agustín Vargas

• Proyecto declara inconstitucional la reforma
• Reforma no genera seguridad jurídica
• Cofece, acción colectiva
• Gasto 2025, prioridad vivienda
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Mañana jueves 31 de octubre será un día crucial en México, pues se definirá, según lo previsto en agenda, que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, voten el proyecto de sentencia sobre la inconstitucionalidad de la Reforma al Poder Judicial, elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

En un documento de 366, el ministro Alcántara Carrancá presentó el proyecto de inconstitucionalidad -tras los amparos de partidos opositores- para invalidar parcialmente la Reforma Judicial, como la elección de magistrados de Circuito y jueces de Distrito; además de la eliminación de la figura de ‘jueces sin rostro’ propuesta para los casos que implican delincuencia organizada y terrorismo, y la de los comités de evaluación que analizarán los perfiles de los aspirantes.

En el proyecto que será votado el jueves 31 de octubre, no se toca la parte que menciona la elección libre, directa y secreta de los ministros de la Suprema Corte de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como de los magistrados que formarán parte del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.

Entre los argumentos del ministro concluye que la reforma no genera las condiciones mínimas de seguridad jurídica requeridas en cualquier sistema democrático. Además de que señala que no existe certeza para la ciudadanía sobre los perfiles que se presentarán, ni ofrece garantías para que se emita un voto informado.

Desde el pasado lunes la misma Corte hizo público el proyecto sobre la acción de inconstitucionalidad de la reforma judicial, misma que propone la invalidez parcial de algunas disposiciones de la misma.

Además del proyecto de González Alcántara, trascendió la noticia de que algunos ministros de la SCJN presentarían su renuncia, lo que generó temas de conversación y especulaciones desde el pasado martes. La propia Presidenta Claudia Sheinbaum externó su opinión y aprovechó para darles otro rayón a los ministros de la Corte.

“Sobre la renuncia, lo que plantean en su modificación es que se elijan los ministros pero no las magistrados y los jueces, por qué presentan su renuncia, es que si presentan ahora su renuncia se van a ir con todos los haberes del retiro, sino presentan ahora su renuncia entonces no tendrían los haberes de retiro, es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, que es un montón de dinero”.

La resolución del proyecto del ministro González Alcántara, externa lo siguiente:

“S E N T E N C I A… Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 164/2024 y sus acumuladas 165/2024, 166/2024, 167/2024 y 170/2024, promovidas por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Diversas Diputadas y Diputados integrantes del Congreso del Estado de Zacatecas, Movimiento Ciudadano y Unidad Democrática de Coahuila, en contra del “Decreto por el que se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial”, publicado el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación.”

Por supuesto la propuesta ha generado diversas reacciones tanto de la oposición como de Morena, quienes han dedicado esfuerzo a blindarla de la Suprema Corte y ahora acusan que el proyecto es “ilegal” y una “barbaridad”, como la califica Ricardo Monreal, lider de los morenistas en la Cámara de Diputados.

Con independencia de lo que el pleno de la Corte vote mañana, si se aprueba o no la declaratoria de inconstitucional, el referido proyecto de sentencia expone y fundamenta con argumentos y razonamientos jurídicos sólidos la serie de violaciones a la ley, inconsistencias, arbitrariedades y hasta barbaridades, que los legisladores morenitas y sus secuaces del Verde y PT cometieron en la aprobación de la reforma judicial. Es a todas luces, una sentencia que dignifica al Poder Judicial.

Lo curioso de todo esto es que basta recordar que el proyecto para tirar la reforma judicial viene de uno de los ministros que fue propuesto por la 4T, José Luis González Alcántara Carrancá, un personaje destacado por su amplio perfil como jurista, que fue ‘cercano’ a Andrés Manuel López Obrador.

Cofece, acción colectiva

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), una de las siete instituciones autónomas que el gobierno de Claudia Sheinbaum pretende desaparecer, en línea con los deseos de su antecesor, sorprendió el pasado martes al interponer la primera demanda de acción colectiva en su historia por manipulación en abasto y precios de medicamentos

La acción colectiva que interpuso es en contra de Casa Marzam, Casa Saba, Fármacos Nacionales y Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana por ponerse de acuerdo durante un periodo de 10 años para no distribuir medicamentos durante ciertos días del año, limitar la cantidad de medicamentos surtidos a farmacias y manipular los precios de venta y limitar los descuentos a las farmacias.

En su demanda, la Cofece argumenta que estas conductas redujeron la disponibilidad y aumentaron los precios de los medicamentos en el país, generando un daño que la Comisión, calculado en más de 2 mil millones de pesos.

En 2021, la Cofece sancionó a varias empresas y a 21 personas físicas por 903.4 millones de pesos, la multa máxima que en este caso permitió la ley. Adicionalmente, inhabilitó a diez directivos involucrados en los acuerdos anticompetitivos. Ahora la Cofece exige, por medio de las acciones colectivas, que las empresas paguen 2,316 millones de pesos para reparar el daño.

En la demanda, solicita al Poder Judicial que los recursos se destinen al IMSS-Bienestar, de manera que sirvan para atender la salud de todas y todos los mexicanos, que fue el sector donde se sufrió el perjuicio.

Gasto 2025, prioridad vivienda

Para 2025, el gobierno federal proyecta un gasto de 10 billones de pesos, un aumento de 7.5% en relación al que se ejerció en 2024. La prioridad seguirán siendo los programas sociales como la Pensión de Adultos Mayores, para personas con discapacidad y los servicios de Salud en el país, así como el plan de vivienda

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados e integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuellar, estimó que sean alrededor de 700 mil millones de pesos para programas de apoyo a la ciudadanía.

Con ello, se garantiza que habrá recursos suficientes para cubrir también los proyectos que planteó la presidenta Claudia Sheinbaum, como los apoyos para mujeres, así como la beca universal para los jóvenes y niños en todo el país.

“Tenemos los recursos suficientes para garantizar un financiamiento sustentable sin interrupciones que, a lo largo de 2025 y de toda la vigencia de estos derechos, se van a cubrir en su totalidad”, indicó.

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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx