El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumple cuatro años en el Gobierno con el gran problema pendiente de la protección de los derechos humanos y con altas cifras de violencia en el país, ante lo que la militarización y una estrategia de confrontación no están funcionando, aseguraron expertos.

“El tema de seguridad es el gran tema, y además va todo de la mano: la violencia, el crimen organizado, los desplazamiento de personas, los periodistas asesinados, etcétera”, consideró en entrevista con EFE Khemvirg Puente, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre, dijo que en su organización hacen “un balance más bien negativo” de estos cuatro años de López Obrador en el Gobierno en materia de seguridad y derechos humanos.

Según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), hubo 26.119 víctimas de homicidio, una media de 86 diarias, en los primeros 10 meses de 2022, una disminución de 7,1 % frente a enero-octubre de 2021, cuando se registraron 28.110, un promedio diario de 92.

México registró 33.308 homicidios en 2021 después de los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato de López Obrador, con 34.690 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020.

El mandatario hizo campaña con el lema “Abrazos, no balazos”, pero la estrategia estos cuatro años ha sido todo lo contrario, consideraron.

“Ha renunciado a esta gran propuesta de abrazos no balazos, a la estrategia de reconciliación nacional”, afirmó Puente.

“Las políticas de seguridad de López Obrador han sido más bien en sentido contrario, con estrategias más de confrontación, de militarización de la vida pública nacional, lo que repercute no solo en la escalada de violencia sino también en el aumento de violaciones de derechos humanos”, señaló.

MILITARIZACIÓN

Precisamente la militarización es uno de los asuntos prioritarios para el Centro Prodh y muchas otras organizaciones civiles.

Consideran que desde la creación de la Guardia Nacional en este Gobierno y su adscripción a la Secretaría de Defensa los derechos humanos se han visto cada vez más vulnerados y las cifras de homicidios no han mejorado.

“Hemos señalado que la militarización es preocupante para las violaciones a derechos humanos porque no es una política efectiva de seguridad y porque desbalancea las relaciones cívico-militares”, dijo Aguirre, y añadió que, además, se ha demostrado que el Ejército no es una institución fiable.

Otra de las grandes preocupaciones es la crisis de desapariciones.

Este año se superó la cifra de 100.000 personas desaparecidas y, aunque el Gobierno actual insiste en que es un problema heredado del pasado, del 2018 a la fecha se les ha perdido el rastro a más de 30.000 personas, es decir, unas 9.000 por año aproximadamente.

“Sigue siendo gran pendiente”, dijo Puente.

Los asesinatos de periodistas constituyen otra de las grandes lacras por solucionar en el Gobierno de López Obrador, a quien solo le quedan dos años en el poder.

De acuerdo con el conteo de la Sociedad Interamericana de Prensa, son ya 19 los periodistas y trabajadores de medios asesinados en México en 2022.

Las autoridades atacan a los periodistas y a las organizaciones de la sociedad civil para silenciarlos y neutralizarlos, consideró Puente.

“Lo que buscan es tratar de desmovilizar a grupos que son críticos con las políticas gubernamentales”, sentenció.

LA IMPUNIDAD ES EL NEXO

Y la impunidad es la masa aglutinante que permite que el muro compuesto por feminicidios, violaciones a derechos humanos de los migrantes, desapariciones de personas, ejecuciones extrajudiciales, tráfico de drogas, de armas o de personas se mantenga en pie.

En México solo dos de cada 100 delitos llegan a una sentencia, cifra con la que es imposible avanzar en seguridad, aseguraron.

En múltiples ocasiones el presidente ha dicho que el problema es el sistema de justicia, que está atrapado en la corrupción, pero Aguirre aseguró que el gran problema está realmente en la Fiscalía General de la República (FGR), liderada por Alejandro Gertz Manero, y que ha demostrado en múltiples ocasiones, según el experto, que necesita una renovación urgente.

El sexenio de López Obrador empezó con esperanzas en cuanto a seguridad y respeto a los derechos humanos, con grandes intenciones centradas en la paz y en atacar a las causas huyendo de la confrontación directa.

Sin embargo, cuatro años después, las intenciones ya no bastan y la decisión de tomar el camino del enfrentamiento en muchos casos “improvisado”, dijo Puente, dinamitó el optimismo que muchos tenían al principio del sexenio.

Ahora, ambos expertos se mostraron negativos ante la posibilidad de que haya cambios reales en los dos últimos años de López Obrador en el poder.

“No creo que vaya a haber ningún cambio en las políticas del Gobierno, al contrario, yo creo que se va a profundizar esta estrategia otorgándole cada vez más poder al Ejército”, terminó Puente.