El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) informó, la iniciativa de reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador representa una contrarreforma que ignora la importancia de la transición energética. Asimismo, el sector eléctrico presenta vulnerabilidades importantes en materia económica y legal, así como en su relación con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Ante las modificaciones a los artículos 25, 26 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la reforma energética incluye lineamientos importantes con respecto al funcionamiento de su organismo central, la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En primer lugar, las subsidiarias serán integradas a la CFE, indicó el presidente en la conferencia matutina del 1 de octubre. Además este sector manejará 54% de la producción eléctrica en México, con el Centro Nacional del Control de Energía (CENACE) como organismo regulador. Pese a que las autoridades destacan este hecho como una oportunidad de unificar y establecer un sistema de energía eléctrica limpia para la población, el sector privado mantiene preocupaciones por la reforma.

La motivación de la nueva reforma energética es principalmente política, pero podría generar daños al potencial de crecimiento de la industria energética, indicó el sector privado. Bajo esta línea el principal factor de daño es el tema de inversión, ya que de aprobarse la ley “la imagen de México como atractivo para la inversión nacional y extranjera se verá afectada negativamente por un ambiente de inseguridad en los negocios”, advirtió el CEESP.

Al respecto los especialistas destacaron el funcionamiento de la reforma energética de 2013, cuyos beneficios “no han acabado de concretarse” según el Análisis Económico Ejecutivo consultado por NotiPress. Como parte de los puntos más fuertes de dicha reforma se encuentra la modernización orientada a lograr una transición sostenible, en favor de las energías limpias. Con base en esta iniciativa podría darse una mejor colaboración entre la CFE y los proyectos de la iniciativa privada, sobre todo desde la operatividad basada en la ley del 2014, agregaron.

Por su parte, las posibles consecuencias en materia legal indicadas en el análisis económico refieren a los Certificados de Energías Limpias (CEL) y cancelación del autoabastecimiento. Según el CEESP la cancelación de los 400 permisos de autoabastecimiento tendrían repercusiones en sus inversiones, que ascienden hasta 27 mil millones de dólares. Mismas que representan 14% del Producto Interno Bruto (PIB) y dependen de la legalidad del principio de no retroactividad.

En consecuencia con tales posturas, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) indicó, la reforma energética disminuye la competitividad del país. La restricción dirigida al sector privado, con 46% del total de energía producida en el país, tiene el potencial de disminuir incentivos para la inversión. Si bien uno de los beneficios indicados por la CFE incluyen tarifas competitivas, IMCO considera que tendrá un efecto contrario, con la ausencia de las mismas.

Según especialistas del sector privado, así como analistas señalados en el reporte del CEESP, las consecuencias ambientales y de operatividad de la CFE han sido advertidas con anterioridad a la reforma. Durante el reporte 2020 de dicha comisión, sus operativos indicaron que 73.9% de la electricidad se generó con hidrocarburos. En ese sentido consideran la reforma energética de AMLO como un riesgo para cumplir los lineamientos ambientales establecidos en el T-MEC.