El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció que se promueve una reforma al artículo 21 constitucional a fin de dotar a esta dependencia de capacidad de investigación en materia delictiva, en coadyuvancia con la fiscalía general de la República, “siempre bajo la coordinación del Ministerio Público Federal”.

Al mismo tiempo, se promoverán reformas a las leyes secundarias en materia de seguridad para permitir una más estrecha colaboración en materia de investigación e inteligencia. Con las modificaciones a la Ley Sistema Nacional de investigación e inteligencia en materia de inteligencia vinculación de instituciones de seguridad con la FGR y las fiscalías estatales y locales.

Durante la conferencia, la SSPC presentó un primer informe sobre el resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad, entre las que destaca el aseguramiento de 820 armas de alto calibre, de las cuales 535 provienen de Estados Unidos, lo cual representa 65 por ciento del total. También mediante un video se explicó que la gran mayoría de la introducción de armas a México provienen de la frontera norte del país.

García Harfuch dio a conocer la aprehensión de un conjunto de delincuentes en diversos puntos del país, entre los cuales destacó a Edwin Antonio, jefe de una importante célula delictiva (ligado a Ismael El Mayo Zambada, según trascendió cuando se le detuvo el 22 de octubre, aunque el funcionario no lo mencionó). Se le consideraba uno de los principales generadores de violencia en Culiacán e identificado como participante en diversos hechos delictivos.

En ese operativo se aseguraron 17 armas largas, un fusil barret, 5 armas cortas y mil pastillas de fentanilo y fue trasladado al Cefereso del estado de México.

La Secretaría Marina reportó que en la operación de decomiso más grande de la historia se aseguran 8 mil 361 kilos de cocaína y 8 mil litros de combustible, se detuvieron a 23 personas y se aseguraron 6 embarcaciones.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, informó que todos los casos se dan vista a la Fiscalía General de Justicia Militar, que investiga la posible comisión de delitos del fuero militar.

Señaló que la Fiscalía militar actúa con plena autonomía, pero, según dijo, en la actuación del Ejército “sistemáticamente no se violan los derechos humanos, hay muchas ocasiones donde hay heridos, el personal militar les da primeros auxilios y los trasladan a hospitales. Además, se ponen a disposición del Ministerio Público a los detenidos”.

Trevilla dijo que la instrucción presidencial es que actuemos conforme a derecho, apegados al uso de la fuerza racional y en especial que no haya impunidad. La secretaría tiene la obligación de estar pendiente del desempeño de su personal para que tengan capacitación en materia de derechos humanos.