El ministro Fernando Franco González expresó a los asistentes que son herederos de un ejercicio que se ha venido haciendo con la primera etapa y tienen enfrente un reto enorme.
La Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, puso en marcha la segunda etapa de la implementación de la Reforma Laboral en 14 estados de la República, con lo que se consolidará “el nuevo modelo de democracia y justicia laboral”.

Acompañada por el ministro de la Suprema Corte, Fernando Franco González Salas, dieron el banderazo de salida a los trabajos de coordinación con autoridades judicial y laborales de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, e Hidalgo de manera local.

“Damos inicio a los trabajos de coordinación con los estados de la segunda etapa para continuar con el proceso de transformación del nuevo modelo laboral, producto de mujeres y hombres que lucharon por la democratización del mundo del trabajo, que necesita de todos para ir empujando, destacó la titular de la STPS”, señaló la Secretaria.

Reconoció que se parte de un proceso complejo por la pandemia, pero a pesar de ello se logró que se pusiera en marcha en ocho entidades este año; esta experiencia permitirá replicar, corregir, replantear acciones y estrategias de cumplimiento para hacerlas más eficientes y efectivas, agregó.

Pidió a las autoridades estatales que se acompañe a los actores principales de las relaciones laborales, sindicatos y empresarios, para concientizarlos e informarles de qué trata la reforma laboral, de sus obligaciones y derechos, de los alcances de los cambios del modelo que transforma por completo los esquemas del pasado y trae garantía de libertad, democracia y acceso a la justicia para trabajadores y empresarios.

Por su parte, el ministro Fernando Franco González Salas expresó a los asistentes que son herederos de un ejercicio que se ha venido haciendo con la primera etapa, y tienen enfrente un reto enorme, un compromiso de estado internacional, para consolidar el sistema de justicia laboral y la democracia sindical.

Las nuevas entidades deben realizar una armonización legislativa que contempla reformas a la Constitución Política del Estado (cuando sea aplicable), leyes para la creación de Centros de Conciliación y Tribunales Laborales Locales, para la desaparición de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, entre otros. Cabe destacar que todos los estados presentan ya avances en esta materia.