Los exsecretarios de Seguridad y de Finanzas del Gobierno de Sinaloa se entregaron voluntariamente a autoridades de Estados Unidos, en un caso que ha generado gran atención política y judicial tanto en México como en el país vecino.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos exfuncionarios arribaron a territorio estadounidense para ponerse a disposición de agencias federales, las cuales mantienen investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con operaciones financieras irregulares y posibles nexos con grupos del crimen organizado.

Aunque hasta el momento las autoridades no han revelado oficialmente los cargos específicos, trascendió que los exintegrantes del gabinete sinaloense podrían enfrentar acusaciones por lavado de dinero, delincuencia organizada y uso indebido de recursos públicos.

La entrega ocurre en medio del endurecimiento de las investigaciones binacionales sobre presuntas redes de corrupción y protección institucional en distintos estados del país, particularmente en entidades golpeadas por la violencia del narcotráfico.

Fuentes cercanas al caso señalaron que ambos exfuncionarios fueron trasladados a un centro de detención federal mientras avanzan las diligencias judiciales correspondientes. Se espera que en las próximas horas autoridades estadounidenses emitan información oficial sobre su situación legal.

El Gobierno de México no ha fijado una postura definitiva sobre el caso; sin embargo, autoridades federales indicaron que existe coordinación con agencias de Estados Unidos para el intercambio de información.

La noticia provocó reacciones en el ámbito político sinaloense, donde actores de oposición exigieron esclarecer posibles responsabilidades de exservidores públicos y revisar el manejo de recursos durante las administraciones pasadas.

Hasta ahora, el gobernador de Sinaloa no ha emitido declaraciones públicas sobre la entrega de los exsecretarios.