La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó una resolución del extinto INAI (8 de junio de 2022) que obliga a la Presidencia de la República a entregar a un particular la versión pública de información relacionada con almirantes y vicealmirantes de la Secretaría de Marina (Semar), así como datos de capacitación y adiestramiento del personal.

La Corte determinó que gran parte de esta información ya era pública, pues se había difundido en comunicados oficiales y notas periodísticas.

Con ocho votos a favor, el pleno de la SCJN rechazó un recurso de revisión interpuesto por la Consejería Jurídica de la Presidencia, bajo el argumento de que difundir esos datos ponía en riesgo la seguridad nacional.

El proyecto, elaborado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, concluyó que tales argumentos eran infundados.

“Toda la información contenida en los oficios ya es del dominio público e incluso, en la mayoría de los casos, fue publicada por las mismas autoridades”, expuso la ministra.

La Presidencia buscaba reservar 15 oficios con nombres y adscripciones de almirantes y vicealmirantes. Sin embargo, la Corte consideró que divulgar esta información no compromete la seguridad nacional.

En otro caso paralelo, la SCJN también resolvió controversias promovidas por la FGR, que había negado información sobre funcionarios. El pleno estableció que los datos ya públicos (nombres, cargos, salarios) deben entregarse, pero que aquellos vinculados a documentos sensibles sí deben reservarse para proteger al personal.

Estas sentencias sientan un precedente para futuros casos, al crear una metodología que permitirá evaluar, caso por caso, qué información puede revelarse y cuál debe reservarse.

La Corte subrayó que este equilibrio fortalece tanto el derecho de acceso a la información como la seguridad institucional, pilares de una sociedad democrática.