La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez del artículo 331 del Código Penal de Veracruz que tipifica el delito de ultrajes a la autoridad, mediante una sentencia que surtirá efectos retroactivos al 12 de marzo de 2021, de cuando dicho instrumento jurídico entró en vigor con penas agravadas de dos años a siete años de prisión.

La resolución del máximo poder judicial del país se concretó un día después de que el Congreso de Veracruz sesionara para modificar sólo dos fracciones del artículo 331 y dejar intacto el delito penal con los agravantes, contrario a lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos exigía en su recomendación 145/2021 de que se derogara para evitar más violaciones a los derechos humanos.

La Suprema Corte concluyó, sobre el proyecto de Acción de Inconstitucionalidad 66/2021 elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que son inconstitucionales los artículos 331, en sus fracciones I, II, III y IV; y 371 fracción II del Código Penal veracruzano, tras argumentar que son violatorios de los derechos a la libertad de expresión, a la Información y al principio de la legalidad

En ese marco, el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, el primero en denunciar la aplicación del delito de ultrajes en esa entidad y quien mantiene una lucha por los derechos de las personas que están en prisión de manera injusta acusadas bajo ese tipo penal, destacó como una “decisión justa y correcta” la declaratoria de inconstitucionalidad aprobada por el pleno de la Corte.

“La SCJN declaró la inconstitucionalidad del artículo 331 del Código Penal de Veracruz, sobre el delito de ultrajes a la autoridad; decisión justa y correcta. Ahora, a luchar para que sean liberadas todas las personas que están privadas de su libertad por este ominoso ilícito”, publicó en Twitter el senador zacatecano, toda vez que desde que entró en vigor con sus agravantes el tipo penal en el estado, han sido detenidas cientos de hombres y mujeres.

La declaración de invalidez con efectos retroactivos, surtirá efectos a partir de la notificación de la sentencia al Congreso de Veracruz, además del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y las autoridades responsables en el estado de la administración e impartición de justicia.

De esa manera, en Veracruz, señalado por abusos de autoridad y persecución política, se abre el camino a la justicia para hombres y mujeres que han padecido violaciones a sus derechos humanos, como el caso de los seis jóvenes que estuvieron en prisión durante cuatro meses del año 2021 y en el que la CNDH basó el 30 de diciembre pasado la recomendación 146/2021 al gobernador Cuitláhuac García para que se derogara el delito de ultrajes a la autoridad.