Ha llegado la hora de que México alcance el ideal de la justicia en su máxima expresión, para concretar la transición en donde la igualdad sea uno de sus principios rectores y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En un texto que publicó en redes sociales, expuso que lo que sucede […]
Ha llegado la hora de que México alcance el ideal de la justicia en su máxima expresión, para concretar la transición en donde la igualdad sea uno de sus principios rectores y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En un texto que publicó en redes sociales, expuso que lo que sucede actualmente en la SCJN es producto de la existencia de grupos internos interesados en mantener los privilegios que se han resistido a la política de austeridad que sí asumieron el Ejecutivo y el Legislativo.
También dijo que los conduce el deseo por controlar las decisiones judiciales, con la finalidad de blindar sus propios beneficios.
En definitiva, tenemos la oportunidad de establecer un parteaguas en la historia del Poder Judicial, y lograr que sus integrantes, incluyendo quien encabece su máxima tribuna en la SCJN no obedezcan a ningún otro interés que no sea el de hacer valer la ley
Abundó en que de lo que se trata es de generar una verdadera coordinación entre sectores, a fin de que los intereses privados no opaquen a los públicos.
Este proceso aún está en construcción; sin embargo, existen vestigios y espacios para grupos de poder económico que intentan seguir influyendo con el objetivo de blindar sus propios intereses, y el Poder Judicial y su proceso de sucesión no son la excepción.
Se pronunció por una Corte sin privilegios, pues señaló que no se puede negar que la preparación requerida para estar a la altura de servir al país desde el Poder Judicial amerita una remuneración digna y justa.
Sin afán de generar un juicio de valor, expuso, las actuales se trata de prestaciones convertidas en privilegios, cuyo mantenimiento explica, en gran medida, la resistencia ante cualquier posibilidad de cambio.
Hoy por hoy se requiere de un perfil que garantice la aplicación del Estado de derecho con dimensión social, colocando por encima de todo el interés público; una mujer o un hombre capaz de enfrentar esta colmena de privilegios que ubica a sus integrantes como una casta intocable y poderosa
Esta legítima aspiración también se enfrenta a grupos de interés que buscan seguir haciendo del Supremo Tribunal un espacio fácilmente influenciable, que poseen influencia mediática para desacreditar cualquier otra propuesta y apoyan directamente una candidatura en específico.
Tampoco se puede pasar por alto que existe un inusual cabildeo de exfuncionarios y exlegisladores que están ejerciendo presión para inclinar la balanza en favor de su candidata o candidato preferido, lo cual distorsiona el panorama e imprime un cariz turbio a lo que debería ser, en estricto sentido, una contienda interna legítima y sana.
Es bien sabido que los cambios profundos que iniciaron como consecuencia de la transición política en nuestro país generaron tensiones y puntos de vista encontrados entre quienes abanderamos esta nueva forma de entender la vida pública y los que se beneficiaban del statu quo que hoy se está modificando.
La justicia es un concepto que ha acompañado a la humanidad desde los tiempos antiguos. A la par de la evolución, los seres humanos tuvieron que regir su convivencia con base en códigos éticos y morales bien definidos. Si bien al principio se fundaron principalmente en la religión o los relatos ancestrales, con el devenir de los siglos se fueron adecuando al contexto, con la finalidad de garantizar la coexistencia pacífica y estructurada de cada sociedad.
En la época contemporánea, concluyó, la justicia social incluye por lo menos tres principios constitucionales que deben ser garantizados por parte de las instituciones: el Estado social de derecho, la dignidad humana y la igualdad de oportunidades. Hacia ello hemos enfocado nuestro esfuerzo.
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