La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio este jueves su respaldo al nuevo modelo energético que propone el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al declarar constitucional la Ley de la Industria Eléctrica, previo al debate en el Legislativo de una reforma constitucional sobre el sector energético.

Para aprobar el proyecto de la magistrada Loretta Ortiz solo se requerían los votos de cuatro de los 11 ministros del pleno para validar la constitucionalidad de la modificación legal.

Aunque hubo muchas objeciones a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, no se alcanzaron los ocho votos necesarios para ser considerada inconstitucional.

“Queda aprobado este primer apartado”, dijo el ministro presidente, Arturo Zaldívar. El primero apartado era relativo al orden del despacho de la energía y era uno de los temas más polémicos.

Durante más de seis horas, se votaron los siete apartados dentro del proyecto, que contemplaban asuntos como el despacho de energía, medioambiente, certificados de energías limpias y subastas o la revocación de contratos de autoabastecimiento si se considera que hay “fraude”.

Tras ser declarada constitucional la Ley de la Industria Eléctrica, pero al registrar en varios apartados más votos a favor de su inconstitucionalidad, ahora dependerá de los tribunales analizar caso por caso y dictaminar en la materia los actuales y los futuros amparos, lo que abre una oportunidad para las empresas privadas.

Los 11 ministros de la Suprema Corte debían fallar esta semana sobre una acción de inconstitucionalidad y dos controversias constitucionales presentadas por miembros del Senado, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el estado de Colima, respectivamente.

Hasta el momento, solo se votó la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores, aunque al ser declarada válida la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, muy probablemente en las otras dos controversias inconstitucionales se votará en el mismo sentido, explicaron a Efe fuentes judiciales.

LOS PORMENORES DE LA LEY

El decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica de 2014 fue publicado en marzo de 2021 tras su aprobación en el Legislativo.

La reforma elimina el criterio económico para despachar primero las plantas de la CFE, incluidas las de combustibles fósiles, sobre las privadas de renovables.

Además, revisa de forma retroactiva los contratos, cambia las reglas de los Certificados de Energías Limpias (CEL) para favorecer a plantas viejas de la CFE y contempla revocar permisos de autoabastecimiento obtenidos “en fraude a la ley”, entre otros puntos.

En el proyecto de dictamen de Loretta Ortiz también se contempla que la electricidad fuera considerada como un derecho humano, algo que preocupaba al sector porque permitiría que hubiese una rectoría total del Estado.

LÓPEZ OBRADOR PRESIONA

El debate de esta ley en la Suprema Corte arrancó este martes y se aplazó al jueves, sumándose esta semana al comienzo del análisis en el Legislativo de la polémica reforma constitucional en el sector eléctrico que impulsa López Obrador.

La propuesta de reforma constitucional es controvertida porque limitaría al 46 % la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la estatal CFE.

La reforma debe ser aprobada por dos tercios de los legisladores y, para ello, el oficialismo debería lograr votos por parte de la oposición, que ya ha anunciado que no votará en favor de la reforma si no hay cambios.

A lo largo de la semana, López Obrador acusó en varias ocasiones a empresas y Gobiernos extranjeros de ejercer “lobby” para que no avance ninguna reforma en el sector energético, lo que ha sido tachado por analistas como un intento de amedrentar a legisladores y jueces.

“Ahí es muy claro que hay intereses de las empresas y de que están metidos haciendo ‘lobby’ en la Cámara de Diputados, de senadores y en el Poder Judicial. Las empresas extranjeras y los Gobiernos extranjeros” hacen presión, dijo el miércoles el mandatario.

Y, en referencia a la invalidación por parte de la Suprema Corte de la norma que prohibía a altos funcionarios trabajar en empresas privadas durante 10 años, dijo que algunos ministros de la Suprema Corte “no representan al pueblo” y actúan como “abogados patronales”.

Además, este miércoles miles de mexicanos participaron en una manifestación convocada por las autoridades de la Ciudad de México para mostrar el apoyo a la reforma constitucional en energía y en favor de la consulta de revocación de mandato del próximo 10 de abril, en la que se elegirá la continuidad o no del presidente en el cargo.