La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional este martes la reforma legal de Andrés Manuel López Obrador para trasladar al Ejército el control de la Guardia Nacional (GN), el cuerpo que él creó en 2019 con la promesa de mantenerlo civil. El pleno de la SCJN apoyó con ocho de once votos el […]
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional este martes la reforma legal de Andrés Manuel López Obrador para trasladar al Ejército el control de la Guardia Nacional (GN), el cuerpo que él creó en 2019 con la promesa de mantenerlo civil.
El pleno de la SCJN apoyó con ocho de once votos el proyecto del ministro Luis González Alcántara, quien propuso invalidar la reforma que promulgó el Gobierno en septiembre de 2022 para trasladar la operación de la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en vez de a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El ministro argumentó que en la reforma constitucional que creó la GN en 2019 se estableció que la administración de este cuerpo, que ahora tiene cerca de 128,000 integrantes, debe estar a cargo de la secretaría encargada de la seguridad pública.
“Es fundamental optar por un entendimiento estricto y diferenciado de la seguridad nacional y de la seguridad pública o seguridad ciudadana, con base en el cual, las funciones de seguridad pública son de competencia exclusiva de las autoridades civiles“, consideró la presidenta de la SCJN, Norma Piña.
La reforma representa un revés a la estrategia de López Obrador, quien ha implementado reformas para aumentar las facultades de las Fuerzas Armadas, y ha desplegado cerca de 90,000 agentes en tareas de seguridad pública antes reservadas a civiles. Su principal apuesta para contener la violencia ha sido la GN, que él prometió mantener civil.
El ministro argumentó que en la reforma constitucional que creó la GN en 2019 se estableció que la administración de este cuerpo, que ahora tiene cerca de 128,000 integrantes, debe estar a cargo de la secretaría encargada de la seguridad pública.
“Es fundamental optar por un entendimiento estricto y diferenciado de la seguridad nacional y de la seguridad pública o seguridad ciudadana, con base en el cual, las funciones de seguridad pública son de competencia exclusiva de las autoridades civiles“, consideró la presidenta de la SCJN, Norma Piña.
La reforma representa un revés a la estrategia de López Obrador, quien ha implementado reformas para aumentar las facultades de las Fuerzas Armadas, y ha desplegado cerca de 90,000 agentes en tareas de seguridad pública antes reservadas a civiles. Su principal apuesta para contener la violencia ha sido la GN, que él prometió mantener civil.
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