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Representantes de Grupo Salinas se acercaron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para manifestar su disposición a pagar un adeudo fiscal de 51 mil millones de pesos, confirmó este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria explicó que el acercamiento ocurrió el jueves pasado y que, a partir de esta […]
Representantes de Grupo Salinas se acercaron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para manifestar su disposición a pagar un adeudo fiscal de 51 mil millones de pesos, confirmó este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum.
Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria explicó que el acercamiento ocurrió el jueves pasado y que, a partir de esta comunicación, se abrió un periodo de negociación para definir esta misma semana los términos en los que se liquidará el pasivo.
“A partir de esta comunicación se abre un espacio de tiempo para determinar los términos en que se realizará el pago”, señaló Sheinbaum.
Deuda deriva de resolución de la Suprema Corte
La obligación fiscal tiene su origen en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que confirmó la procedencia de créditos fiscales acumulados entre 2008 y 2013. Con este fallo, el máximo tribunal ratificó la responsabilidad de pago del grupo empresarial encabezado por Ricardo Salinas Pliego.
Posibles beneficios fiscales
La presidenta indicó que, al expresar formalmente su intención de saldar la deuda, Grupo Salinas podría acceder a beneficios previstos en el Código Fiscal de la Federación, entre ellos:
Un ajuste de hasta 39% sobre el monto original, dependiendo de la forma y estructura del pago.
Definición de términos esta semana
Sheinbaum adelantó que durante esta semana quedarán definidos los términos de la liquidación, los cuales incluirán:
El calendario de pagos
Los beneficios fiscales aplicables, conforme a la legislación vigente
El caso ha estado marcado por la confrontación pública entre el gobierno federal y el empresario, quien ha denunciado una supuesta “persecución política” ante instancias internacionales. No obstante, las autoridades han reiterado que se trata de un proceso legal sustentado en sentencias judiciales firmes.
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