El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó una iniciativa para reforzar el combate contra las factureras, con la que busca impedir que individuos vinculados a este tipo de prácticas puedan crear nuevas empresas.

La propuesta, incluida en el Paquete Económico 2026, plantea que el SAT pueda negar la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a aquellas compañías cuyos socios, accionistas o integrantes estén relacionados con la emisión de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes.

Enfoque en los individuos detrás de las factureras

La iniciativa reconoce que, aunque en sexenios pasados se implementaron medidas como la prisión preventiva oficiosa para inhibir a las factureras, los esquemas de evasión se han vuelto más complejos.

Por ello, el objetivo ya no es únicamente frenar a las empresas fantasma, sino atacar la “génesis del problema”: las personas físicas que crean y dirigen redes dedicadas a la venta y uso de facturas falsas.

“Se ha identificado que muchas empresas dejan de operar y constituyen nuevas con los mismos socios, lo que representa una alerta de posibles planeaciones para evadir impuestos”, señala el documento enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Congreso.

Medidas adicionales propuestas

Entre los cambios que se buscan aprobar en el Código Fiscal de la Federación (CFF) destacan:

• Acciones penales contra representantes legales y directivos de empresas vinculadas con factureras.
• Agilización de visitas domiciliarias: el SAT podrá verificar en un plazo de 24 días si un comprobante digital respalda operaciones reales o ficticias.
• Suspensión de facturación para las empresas bajo investigación.
• A los receptores de comprobantes falsos se les dará un plazo de 30 días para regularizar su situación fiscal; de no hacerlo, se suspenderá su certificado de sello digital.

Hacia una estrategia preventiva

Con este paquete de medidas, el gobierno federal busca dejar atrás el modelo reactivo que dependía del Poder Judicial y adoptar un enfoque preventivo, evitando la creación de nuevas empresas fachada que afectan al erario y contaminan la cadena de cumplimiento fiscal.