Para sancionar con prisión de tres a 12 años y multa hasta de 120 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a los concesionarios, permisionarios, administradores o personal de gasolineras o gaseras que vendan litros incompletos de combustibles carburantes, con independencia de los mecanismos o medios que utilicen, la diputada María Magdalena Olivia Esquivel Nava (Morena) planteó modificaciones al Código Penal Federal.

La iniciativa, enviada a la Comisión de Justicia y que reforma el artículo 11 Bis y adiciona un artículo 389 Ter al mencionado Código, también busca considerar como fraude vender litros incompletos de combustibles carburantes.

Expone que en previsión de que la propiedad o administración de las estaciones de servicio de combustible carburante recae en personas jurídicas, se propone reformar la fracción XII del Apartado A del artículo 11 Bis, para evitar la impunidad o evasión consciente de las sanciones a quienes estén relacionadas con la comisión del fraude descrito.

Es decir, que las personas jurídicas sean penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que, además, existió inobservancia del debido control en su organización.

Destaca que la finalidad es proteger a la ciudadanía de los abusos cometidos por concesionarios o permisionarios de las gasolineras y, a la vez, investigar y sancionar puniblemente a los sujetos activos pues, a la fecha, “delinquen con toda impunidad bajo la consideración de que su ilícita actividad se resuelve con dinero, sin riesgo de perder la libertad y sin peligro de disolverse como personas jurídicas para los casos que se les señale como responsables”.

Aclara que no es una propuesta de reforma dirigida a que paguen o se sancione a las personas que trabajan como despachadoras de las bombas de servicio, sino a las encargadas de la administración, mantenimiento e instalación, tanto de las bombas despachadoras como de los artefactos o programas con los que se alteran las cantidades.

Relata que desde hace años se da cuenta, tanto en testimonios de consumidores como en algunos medios informativos, que algunas estaciones de servicio de gasolina despachaban litros incompletos y con el paso de los años tales establecimientos hicieron uso de nuevas técnicas y tecnologías que les permitían engañar a la ciudadanía consumidora con la práctica de no expedir “litros de a litro”.

Por ello, afirma la diputada de Morena, resulta indispensable que se tipifique esta conducta como delictiva en el entendido de que la integración de carpetas de investigación corresponderá a la competencia de la fiscalía y los órganos jurisdiccionales en caso de judicializarse. Es decir, la propuesta no es para otorgarle facultades a la Procuraduría Federal del Consumidor sino para tipificar como fraude esta conducta.

Subraya que la finalidad será proteger a la ciudadanía consumidora directa y a la indirecta que se afecta con el uso y precios de los combustibles y, adicionalmente, el mercado nacional de venta.