A fin de tipificar y sancionar el abandono de personas adultas mayores, la diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho (PRI) propuso adicionar los artículos 335, 336, 337 y 340 del Código Penal Federal, para incluirlo como delito en el capítulo en la materia, el cual actualmente sólo se refiere a menores de edad y cónyuges.

Establece que al que abandone a un adulto mayor, teniendo obligación de cuidarlo, se le aplicará de un mes a cuatro años de prisión, si no resultare daño alguno, privándolo, además, de la patria potestad o de la tutela, si el delincuente fuere ascendiente o tutor del ofendido.

Al que sin motivo justificado abandone a un adulto mayor, sin recursos para atender sus necesidades de subsistencia, se le aplicará de un mes a cinco años de prisión, o de 180 a 360 días multa; privación de los derechos de familia, y pago, como reparación del daño, de las cantidades no suministradas oportunamente por el acusado.

Estipula que el delito de abandono de un adulto mayor se perseguirá a petición de la parte agraviada.

También, establece que al que encuentre abandonado en cualquier sitio a un adulto mayor se le impondrán de 10 a 60 jornadas de trabajo en favor de la comunidad si no diere aviso inmediato a la autoridad u omitiera prestarles el auxilio necesario cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal.

La iniciativa, remitida a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para opinión, refiere que a pesar de que los derechos a favor de las personas adultas mayores se consagran en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, estos no se cumplen a cabalidad; por ello, se busca inhibir el abandono de los adultos mayores, a través de reformas al Código Penal Federal.

Una persona adulta mayor que es abandonado en la calle, en alguna institución o espacio público, hace frente a un futuro incierto. Cada anciano que termina por vivir en las calles representa la violación acumulada de varios de sus derechos fundamentales que no han sido garantizados por el Estado, como se establece constitucionalmente, señala.

Vargas Camacho expone que en México el 16 por ciento de las personas adultas mayores sufre rasgos de abandono y maltrato, su aislamiento es cada vez más patente en una sociedad inmersa en una creciente competitividad y caracterizada por los procesos de deshumanización en muchos sentidos.

“Este fenómeno desafortunadamente se ha ido incrementando, pues México se encuentra inserto en un proceso de envejecimiento de su población que va de la mano de un decrecimiento de la población joven”, añade.

Se estima que la esperanza de vida pasará de 75 a 79 años y la población de más de 60 años se incrementará de 15 millones a 33 millones, en 2050. Por eso, advierte, se requiere proteger a esta población.

Actualmente, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Jalisco, Nayarit, Nuevo León y Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas, contemplan la figura del abandono de adultos mayores como delito, pero el resto de las entidades federativas aún no lo ha previsto en sus legislaciones.

Muchas personas adultas mayores han sido abandonadas en la vía pública, en las calles o en otra ciudad donde no viven; es el resultado de querer apropiarse de su patrimonio por parte de sus familiares. De ahí que es urgente un marco normativo, afirma.