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La cúpula empresarial del país consideró que los argumentos vertidos en estos días de discusión, incluida esta resolución de la Corte, deben ser analizados con detalle para entender sus consecuencias jurídicas y sus efectos en los procesos judiciales que siguen en curso El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se mostró cauteloso de la resolución de la […]
La cúpula empresarial del país consideró que los argumentos vertidos en estos días de discusión, incluida esta resolución de la Corte, deben ser analizados con detalle para entender sus consecuencias jurídicas y sus efectos en los procesos judiciales que siguen en curso
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se mostró cauteloso de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que desestimó la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de la Industria Eléctrica y dejó firmes todos s los puntos impugnados por la oposición con lo cual quedaron intactos todas sus disposiciones, incluidas las que ordenan revocar contratos de generación para autoabastecimiento y permisos de compraventa de energía.
La cúpula empresarial del país consideró que los argumentos vertidos en estos días de discusión, incluida esta resolución de la Corte, deben ser analizados con detalle para entender sus consecuencias jurídicas y sus efectos en los procesos judiciales que siguen en curso
Aseguró que la discusión y deliberación constitucional no puede resumirse de forma binaria, en un no o en un sí, pues, ofrece múltiples puntos de vista que enriquecerán la labor cotidiana de los jueces y magistrados de la Corte en materia eléctrica.
Otro de los puntos que dejó firmes esta resolución de la Corte es el cambio en el orden de despacho del sistema eléctrico nacional para privilegiar los contratos con compromiso de entrega física, y los cambios en el acceso a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución.
En este contexto, el CCE confió en la fortaleza institucional del Poder Judicial y destacó la importancia que los temas de máxima trascendencia nacional se procesen por la vía institucional y que los ministros planteen sus perspectivas y razonamientos jurídicos de cara a la sociedad, por el interés superior de la nación
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