Un tribunal mexicano confirmó este lunes la suspensión provisional de nuevas obras del Tren Maya en el estado de Yucatán, en un fallo que favorece a grupos originarios que se oponen al megaproyecto del sureste del país.

El Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa con sede en Yucatán declaró “infundado” el recurso de queja que presentó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), encargado del proyecto, en contra del freno de las obras que las asociaciones ganaron el 20 de enero.

Las magistradas del tribunal validaron el avance de la queja 21/2021, con la que una jueza federal concedió la suspensión provisional a habitantes de los municipios de Chocholá, Mérida e Izamal, que promueven el amparo contra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Fonatur.

“Con la ejecución del referido proyecto se podría causar un impacto significativo en el medio ambiente, por toda la pérdida de cobertura vegetal, así como el desplazamiento en la flora y fauna, lo cual de ejecutarse sería irreversible”, establece el fallo publicado este lunes.

Sin embargo, el Fonatur emitió un comunicado asegurando que “en un juicio de amparo esta suspensión es una fase procesal normal” y señaló que “no se confirmó definitivamente ninguna suspensión al Tren Maya en Yucatán”.

“Estamos tranquilos porque Fonatur siempre ha actuado de acuerdo con la Constitución y a las normas vigentes”, indicó el fondo, antes de aseverar que “los esfuerzos legales para detener el Tren Maya responden a intereses individuales y no a la voluntad de las comunidades”.

“Tenemos el respaldo de la gente en Yucatán como lo demuestra la reciente encuesta de la firma Buendía & Laredo donde el 80% de la población está a favor del paso del tren por Mérida”, alegó el Fonatur.

El Tren Maya, una de las obras prioritarias del presidente Andrés Manuel López Obrador, con una inversión de USD 6,294 millones, recorrerá cerca de 1,554 kilómetros en los cincos estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pero desde antes del arranque de las obras, en junio pasado, algunos organizaciones civiles han presentado recursos legales contra su construcción, como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Kanan Derechos Humanos y Múuch’ Xiinbal, responsables de este amparo en Yucatán.

“Opuesto al desarrollo económico está la protección de las personas en todas sus manifestaciones y derechos incluyendo a un medio ambiente sano y no únicamente económico”, concedió la jueza del caso.

Este recurso es provisional en lo que se determina una suspensión definitiva y se resuelve el juicio de amparo a fondo.

Por ahora, solo afecta a obras nuevas del estado de Yucatán, aunque en diciembre comunidades originarias también obtuvieron un recurso legal para frenar construcciones del segundo tramo, que va de Escárcega a Calkiní, en Campeche.

Las asociaciones han denunciado que las consultas públicas que hizo el Gobierno con pueblos indígenas ocurrieron cuando todavía no existía una manifestación de impacto ambiental.

Por ello, la jueza consideró que seguir con la obra “afectaría también de manera irreparable del derecho a la información y una participación efectiva que adujeron los quejosos”.

Pese a estos recursos, el director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, expresó en entrevista con Efe este domingo que el Tren Maya concluirá “a como dé lugar” con un avance del 30% este 2021.

El titular del organismo opinó que las asociaciones “tienen todo el derecho de meter los amparos que deseen”, pero afirmó que estas organizaciones no representan a las comunidades originarias, sino que obedecen a intereses políticos que se oponen al Gobierno de López Obrador.