Puntales Agustín Vargas

• Plan Estratégico a 10 años
• Limpiar finanzas y reducir deuda
• Apoyo fiscal hasta el 2027
• A clínicas privadas 60% de asegurados

A partir del año 2027 Petróleos Mexicanos (Pemex) podría dejar de depender del apoyo financiero del Gobierno Federal, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones y expectativas para que la petrolera estatal se vuelva realmente productiva y haga una total limpieza en sus finanzas.

Para tal efecto, el pasado martes 5 de agosto la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un ambicioso programa financiero para que Pemex sanee sus finanzas, reduzca su deuda, eleve su producción y reactive yacimientos petroleros, principalmente los del Golfo de México, responsables del 95% de la producción nacional.

El Plan Estratégico 2025-2035 para Petróleos Mexicanos contempla la reducción progresiva de la deuda, una nueva estructura fiscal para la empresa, así como un esquema de inversión pública y privada para fortalecer su operación. Uno de los pilares del proyecto es reducir la deuda de Pemex, que pasó de 43 mil millones de dólares en 2008 a 105 mil millones en 2018. 

Según datos de la Secretaría de Hacienda desde 2018 hasta el cierre de 2025 se prevé una disminución del 16% en dicha deuda, y para el 2030 se espera que débito se reduzca en un 26% respecto al nivel de 2019, quedando en aproximadamente 77 mil 300 millones de dólares.

Para lograrlo, se establecerá un nuevo régimen fiscal denominado “Derecho Petrolero para el Bienestar”, que sustituirá la carga impositiva anterior del 65% sobre las ganancias de Pemex, por una tasa fija del 30% para petróleo crudo y 12% para gas natural no asociado.

En los años 2025 y 2026, el Gobierno federal aún ofrecerá apoyo financiero para enfrentar pagos de deuda comercial y financiera. Sin embargo, a partir de 2027, Pemex deberá operar con sus propios ingresos.

Como parte del plan, se creará un vehículo de inversión de 250 mil millones de pesos en 2025, financiado por la Banca de Desarrollo (Banobras, Nafin y Bancomext), banca comercial y el público inversionista. Este fondo, que tendrá garantía del Gobierno federal, se destinará a proyectos productivos y permitirá reducir el costo financiero de Pemex.

En la parte operativa de la petrolera mexicana, el plan incluye aumentar la producción nacional de hidrocarburos líquidos a 1.8 millones de barriles diarios; priorizar el procesamiento de crudo en refinerías nacionales para obtener gasolina, diésel y turbosina, y eliminar progresivamente la producción de combustóleo.

Reactivar yacimientos en el Golfo de México, responsables del 93% al 95% de la producción nacional; elevar la producción de gas natural para reducir la dependencia de importaciones; reconstruir el sistema petroquímico nacional, con énfasis en complejos industriales de Cosoleacaque, Morelos, Cangrejera, Independencia y Escolín; construcción de una planta de urea en Escolín, en colaboración con el sector privado, que producirá 1.5 millones de toneladas anuales de fertilizante.

Se contempla también la construcción de tres gasoductos estratégicos, entre ellos el Coatzacoalcos 2 y uno que conectará el ducto marino con el sistema Mayakán para abastecer a la península de Yucatán.

Es, sin duda, un ambicioso programa para que Pemex ya no dependa del respaldo financiero del Gobierno Federal, aunque habría que esperar a que la economía del país y las finanzas públicas no tengan un descalabro mayúsculo ante la fragilidad financiera global para que el plan trazado tenga buen camino.

Gasto de bolsillo en salud

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, realizada por el Inegi, muestra que el gasto promedio anual en salud por hogar subió a 6 mil 421 pesos, un incremento real de 7.9% respecto a 2022. Los datos revelan que el impacto es mayor en hogares con menores ingresos, donde el aumento fue de hasta 23%.

Además, según los resultados de la encuesta, el 38% del gasto en salud se destina a medicamentos, cifra que asciende hasta 50% en hogares de menores ingresos, lo que refleja barreras para acceder a consulta médica o medicamentos gratuitos.

Con base en los datos de la ENIGH 2024, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), realizó un análisis y encontró también que no obstante que a nivel nacional se redujo el número de hogares con gasto catastrófico y empobrecedor, en los hogares más pobres se registró un aumento, lo que  evidencia que el sistema de salud no protege financieramente a quienes más lo necesitan.

Destacó que a pesar de que 82 millones de personas están afiliadas a servicios públicos de salud (IMSS, ISSSTE, etc.), 6 de cada 10 terminaron atendiéndose en farmacias o servicios privados. Advirtió que este uso intensivo del sector privado, incluso entre afiliados, refleja deficiencias en calidad, oportunidad y disponibilidad del sistema público.

Señaló que la baja inversión pública en salud está trasladando los costos a los hogares, especialmente a los más vulnerables. Incluso las personas afiliadas tienen que gastar de su bolsillo, lo que evidencia fallas estructurales de financiamiento.

Por ello urgió al Gobierno Federal a rediseñar la política de salud desde una perspectiva de equidad y eficiencia. Esto implica mejorar la cobertura efectiva, garantizar abasto de medicamentos, reducir el uso privado por necesidad y no por elección, y priorizar la inversión pública en salud, especialmente para los grupos más vulnerables.

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