La diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez (PAN) propuso reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de incluir entre los requisitos para ser diputada, diputado, senadora o senador, el no haber sido persona condenada mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, y por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.

​Los cambios al artículo 10 de dicha ley también plantean como requisito no haber sido persona condenada como deudor alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios.

​El documento resalta la importancia de establecer en la legislación que, para aspirar y ostentarse en una diputación federal o una senaduría, los representantes deben contar con estándares de ética, responsabilidad pública y que los mismos garanticen el derecho a una vida libre de violencia, “ya que son tomadores de decisiones de gran relevancia para el país y representantes de diversos sectores que componen a los Estados Unidos Mexicanos”.

Reconoce que si bien es cierto que para ocupar cargos o empleos se debe atender a las características de una persona que revelen un perfil idóneo para desempeñar con eficiencia y eficacia el empleo o comisión que se le asigne, “es fundamental y necesario no dejar de lado la situación actual de violencia que prevalece en nuestro país, ya que quienes accedan a estos cargos de representación popular deben respetar, promover y garantizar los derechos humanos de las personas”.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Reforma Política-Electoral para dictamen, señala que los cargos de elección popular se refieren al derecho y obligación ciudadana para desempeñar un puesto en alguno de los poderes de los tres órdenes de gobierno del Estado, con derecho a retribución monetaria, siempre que se cumplan los requisitos que establezca la ley.

Resalta que el Poder Legislativo federal, como órgano bicameral, “adquiere gran importancia en las sociedades modernas, pero sobre todo en aquellas en las que los gobernantes y los ciudadanos pretenden llevar la democracia a lo más elevado que la sociedad demande”.

La representación política, dada por las y los legisladores, es una figura que implica una condición primordial de los regímenes democráticos, en los que se supone que el poder del Estado proviene del pueblo, y es ejercido a través de representantes cuya investidura procede de una elección popular, en la que las mayorías decidieron, puntualiza.