Miscelánea, salud y política Judith Álamo López Lo que algunos celebran como victoria que desterrará la corrupción de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial mediante su elección popular, y el despido escalonado de los actuales; otros lloran por el réquiem a un poder autónomo, la extinción de la democracia y el nacimiento de un […]
Miscelánea, salud y política Judith Álamo López
Lo que algunos celebran como victoria que desterrará la corrupción de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial mediante su elección popular, y el despido escalonado de los actuales; otros lloran por el réquiem a un poder autónomo, la extinción de la democracia y el nacimiento de un régimen hegemónico. Aunque estudiantes de leyes en contra, advierten: “seremos la resistencia, usaremos todos los recursos jurídicos nacionales e internacionales para revertir este crimen de lesa humanidad”.
¿Quién tiene la razón?
Si las formas hacen fondo, la aprobación de estas reformas deja constancia histórica del rechazo de trabajadores del Poder Judicial, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estudiantes y maestros universitarios de Derecho, juristas y amplios sectores nacionales y extranjeros, que consideran los cambios buscan destruir un sistema independiente de impartición de justicia, debido a que este ha cumplido con limitar el abuso sistemático del poder presidencial del “Mesías Tropical”, como Krauze llamó a Lopez Obrador.
Las protestas son ante un gobierno que ignoró sus voces y, pese a su profesionalismo y especialización, hizo caso omiso de sus alertas sobre los daños irreversibles que provocará al sistema profesional de carrera judicial al ser sustituido por una intrincada elección de jueces “a modo”, propuestos y avalados por el grupo hegemónico en el poder. Seleccionados, finalmente, mediante tómbola. Por algo será que casi ningún país en el mundo ha adoptado este sistema, salvo Bolivia, que obtuvo un fracaso rotundo.
Las sesiones senatoriales iniciadas el martes 10 y concluidas la madrugada del miércoles 11 de septiembre dan muestra de lo que ocurre cuando el poder no tiene contrapesos, y lo ejerce una mayoría intransigente y trasnochada que, presionada por la premura de dar a su amado líder la reforma judicial como regalo de despedida, para quitarle a la oposición el poder de bloquearla, incurrió en presuntas conductas delictivas para restarle dos votos: sobornó a un panista y secuestró a un emecista. Así logró los 86 votos a favor requeridos para su aprobación y dejó en 41 a la oposición.
De tiempo atrás vienen los excesos del poder presidencial en México, luego de un breve periodo de construcción democrática vivido en las últimas décadas gracias a la apertura del propio sistema político, la lucha de izquierdistas y demócratas opositores, la participación de intelectuales, estudiosos de las ciencias sociales, académicos, historiadores, organizaciones sociales, comunicadores y periodistas, cuyo compromiso social y labor ha sido menospreciada y sistemáticamente socavada con adjetivos peyorativos de López Obrador.
Como si la historia pudiera circunscribirse a sus ansías de poder omnímodo y trascendencia, aunque quizá recurriendo al clásico “haiga sido como haiga sido” de su archienemigo Felipe Calderón, hoy esté más cerca de lograr su autollamada Cuarta Transformación (4T), que sería más pertinente nombrarla como la Primera Gran Regresión. No deja de ser paradójico que hoy haya sido el Senado de la República el que maquinó tan desaseada aprobación.
Hace 70 años, la Cámara de Senadores instituyó la medalla Belisario Domínguez “para honrar a mexicanos destacados en grado de virtud por sus valores morales, cívicos y éticos”. Estos valores le costaron la vida al senador chiapaneco quien en 1913 denunció en la tribuna senatorial la conducta inaceptable del dictador Victoriano Huerta, presidente espurio y criminal, de quien pidió su dimisión.
En la aprobación de la reforma judicial, el Senado sesionó entre el 10 de septiembre y la madrugada del 11 de septiembe, el oficialismo logró la mayoría calificada con el voto del senador suplente del PAN, Miguel Angel Yunes Linares, quien traicionó al bloque opositor, compuesto inicialmente por 43 legisladores, número suficente para votar en contra y desechar la cuestionable reforma. Otra historia hubiera sido.
Pero fue gracias a la turbia negociación del coordinador senatorial morenista Adán Augusto López que pudieron concretar la traición de uno de los senadores opositores, él fue quien a cambio del voto del senador suplente panista les ofreció a los Yunes desaparecer las órdenes de aprehensión existentes en contra del padre y su hijo Fernando. https://www.milenio.com/opinion/ricardo-raphael/politica-zoom/yunes-sera-el-traidor
Para consolidar el jugoso acuerdo, ipso facto el senador propietario, Miguel Ángel Yunes Morales, pidió licencia por supuestas causas de salud y entró el suplente, su padre, Miguel Angel Yunes Linares, quien luego de protestar hizo uso de la tribuna para tratar de explicar su derecho a emitir un voto autónomo y a disentir del PAN y la oposición. Esto provocó una confrontación con el dirigente panista Marko Cortés, ambos salieron escatológicamente muy salpicados.
El exgobernador de Veracruz, según informó en exclusiva el periodista Ricardo Rafael en Milenio diario, logró con el voto de la traición, impunidad frente a presuntos delitos de delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito que datan de cuando fue mandatario estatal, y el de peculado que subsistía desde que fue director del ISSSTE. Así como la condonación del presunto delito por daño patrimonial en contra de su hijo Fernando Yunes Morales, expresidente municipal del puerto de Veracruz.
Otro caso que debería ser investigado por autoridades independientes, si alguien las encuentra, es el del senador campechano suplente de MC, Francisco Daniel Barreda Pavón, quien fue desaparecido durante la votación de la Reforma al Poder Judicial, debido a una presunta detención, junto con su padre, a cargo de guardias civiles que los mantuvieron incomunicados en un juzgado de la ciudad de Campeche, por la presunta orden de la gobernadora morenista Layda Sansores, con el objetivo de impedirle asistiera a votar al pleno, lo cual consiguieron.
¿Excesos? Los morenistas ya han dado muestras de ser la ley, y ahora, con la muy probable aprobación de la reforma al Poder Judicial, serán los dueños únicos de la impartición de justicia, faltaba más, a ver quién osa oponerse a esta aplastante maquinaria corrupta y corruptora.
Ya antes nos defraudaron con un periodo electoral adelantado, propaganda presidencial ilegal a favor de la aspirante morenista, elecciones inequitativas y la cooptación de autoridades electorales para favorecer con la sobrerrepresentación a Morena y aliados.
Para ser ley, la Reforma al Poder Judicial deberá obtener 17 votos a favor de las 32 legislaturas locales del país. Aún existe la remota posibilidad de que la SCJN impugne esta reforma, de comprobarse que no se siguieron los procedimientos establecidos por la Constitución.
¿Los mexicanos estamos conscientes de lo que estamos perdiendo? Este 11 de septiembre pasará a la historia nacional como el dia negro para nuestro Estado de Derecho, día de pésame a la democracia, de réquiem a nuestro Poder Judicial y a los valores de una gran nación que se niega a convertirse en República bananera.
No es aceptable una regresión a la época de los caudillos, ni perder las garantías sociales e individuales que nos otorga la Constitución vigente desde 1917, hasta ahora ha sido el principal bastión de nuestras libertades, derechos y obligaciones.
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