La asociación civil Ni un Repartidor Menos alertó sobre el uso de servicios de entrega por aplicación para el traslado de drogas en la Ciudad de México, una práctica que, aseguran, pone en riesgo la seguridad de miles de repartidores y podría involucrarlos en problemas legales sin su conocimiento.

Saúl Gómez, fundador de la organización, denunció que usuarios utilizan cajas de cosméticos, sobres y paquetes que aparentan contener comida para ocultar sustancias ilícitas como marihuana, grapas e incluso jeringas preparadas.

De acuerdo con el activista, esta modalidad lleva al menos una década operando y afecta tanto a repartidores en bicicleta como a conductores de motocicleta, taxi o automóvil, quienes muchas veces descubren señales sospechosas hasta llegar al punto de entrega.

Gómez relató que en una ocasión acudió a recoger un supuesto paquete de cosméticos en la zona de San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde fue fotografiado junto con su bicicleta, mochila y celular, una situación que describió como intimidante.

“Cuando ves estas maniobras ya no estás como para meterte en problemas con estas personas”, señaló.

Las alcaldías donde más se ha detectado esta práctica son Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Miguel Hidalgo y algunas zonas de Gustavo A. Madero, con entregas frecuentes hacia sectores de alto poder adquisitivo como Lomas de Chapultepec y Santa Fe.

El representante explicó que muchos trabajadores prefieren no denunciar por temor a represalias o por desconocer si detrás de los envíos están involucrados grupos delictivos. Además, afirmó que reportar a un usuario solo deriva, en muchos casos, en el bloqueo temporal de una cuenta, la cual puede ser reactivada fácilmente con nueva documentación.

Ante este panorama, Ni un Repartidor Menos pidió a las autoridades generar mecanismos de denuncia anónima, reforzar la protección en zonas de riesgo y reconocer que quienes realizan entregas no necesariamente son cómplices, sino trabajadores expuestos a redes criminales.

La agrupación insistió en la necesidad de crear protocolos de seguridad más efectivos para evitar que plataformas de reparto continúen siendo utilizadas como medio para actividades ilícitas.