A unos días de que concluya el programa piloto para incorporar a trabajadores de plataformas digitales a la seguridad social, repartidores y conductores denunciaron afectaciones severas en sus ingresos y un acceso limitado a sus derechos laborales, pese a su registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Representantes de distintos colectivos señalaron que, durante los seis meses de prueba, más de un millón de repartidores y conductores fueron inscritos en el IMSS; sin embargo, en promedio solo 10% logró acceder de forma efectiva a los cinco seguros previstos en la ley: enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
Además, advirtieron que el incremento al salario mínimo previsto para 2026 podría dificultar que los trabajadores alcancen el umbral de ingreso neto requerido para mantener el acceso a estas prestaciones.
Saúl Gómez, representante de Repartidores Unidos de México, explicó que desde el inicio del programa piloto, en julio pasado, se registró una disminución en la demanda de servicios y pedidos, lo que impactó directamente en los ingresos de quienes laboran a través de aplicaciones.
Detalló que las pérdidas económicas varían según el medio de trabajo:
- Repartidores en bicicleta: entre 25 y 30%.
- Repartidores en motocicleta: hasta 45%.
- Conductores de automóvil: entre 48 y 56%.
Por su parte, Sergio Guerrero, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA), afirmó que durante la prueba piloto —de julio a diciembre— se aplicó un esquema de porcentajes de exclusión que redujo de manera significativa el número de trabajadores con acceso pleno a la seguridad social.
Como ejemplo, citó datos del propio IMSS: en noviembre, considerado uno de los meses con cifras más favorables, de 1 millón 199 mil personas registradas, solo 164 mil 205 —equivalentes al 13.6%— lograron acceder de manera efectiva a las prestaciones.
Los colectivos reiteraron su llamado a revisar el diseño del programa, ajustar los criterios de ingreso y garantizar que la incorporación a la seguridad social no implique una merma sustancial en los ingresos de quienes dependen de las plataformas digitales para subsistir.
