Omar Gómez Trejo, el fiscal encargado del caso Ayotzinapa, sobre la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero en 2014, renunció a su cargo este martes “por diferencias” con los procedimientos, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión”, detalló el mandatario en su conferencia de prensa matutina, en referencia a los recientes movimientos de aprobación y cancelación de órdenes de detención de presuntos implicados desde la publicación del más reciente informe de la Comisión de la Verdad y acceso a la Justicia para el caso.

El fiscal presentó su dimisión después de que personal de la Fiscalía General de la República (FGR) cancelara sin consultarle 21 órdenes de detención -16 de las cuales corresponden a miembros del Ejército- porque no aparecían en el informe del caso.

Gómez Trejo, que había sido designado en junio de 2019 como fiscal para el caso y había logrado ganarse la confianza de las familias de los estudiantes desaparecidos, había tenido choques con el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero.

Un día después de la presentación del informe el 18 de agosto pasado en el que se reconocía, entre otras cosas, que el caso fue un “crimen de estado”, la FGR anunció que se habían emitido 83 órdenes de detención contra militares, policías, miembros de grupos criminales y otros funcionarios.

El fiscal había sustentado el cargo de secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que conoce muy bien el caso y cuenta con la confianza de las familias y las organizaciones de derechos humanos que las acompañan.

Hasta el momento, ni Gómez Trejo ni la FGR se han manifestado públicamente sobre la dimisión del primero.

Aunque López Obrador no ahondó en el asunto, dijo que se nombrará pronto a alguien que sustituya al fiscal y quiso enviar un mensaje de confianza a las familias de los 43 estudiantes.

“Estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes pero tenemos la firme voluntad de hacer justicia”, sentenció el mandatario.

Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se afirmó que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en el sureño estado de Guerrero.

La Comisión para la Verdad y el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador han rechazado esa versión al concluir que no fue posible que los hayan quemado ahí y que, incluso, varios estudiantes permanecieron vivos por días después del hecho.