Miscelánea, salud y política por Judith Álamo López

Si el estado de la Administración Pública dependiera de una encuesta de popularidad, México estaría bien, con una calificación de 8 de 10, ya que la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llega a sus primeros 100 días de gobierno con una aprobación del 80 por ciento, de acuerdo con los resultados de la encuestadora De las Heras Demotecnia.

Pero, aceptando que la encuestadora creada por la prestigiada María de las Heras aplicó una metodología que cumple con las normas técnicas y científicas que avalan el resultado, el grupo de personas opinantes seleccionado refleja que la mandataria goza de confianza y aceptación entre el 80% de mexicanas y mexicanos.

Siendo así, me ubico entre el 20 por ciento restante, y me toca remar contra la corriente, no por “contreras”, sino por convicción en que debe existir consciencia sobre el proceso de descomposición republicana y democrática que en el país se inició en 2018, con la elección de Andrés Manuel López Obrador, y casi se ha consumado con las reformas aprobadas por Claudia Sheinbaum.

En este contexto, no es que antes de esa fecha todo fuera perfecto, sino que al menos existía un proceso democratizador; ahora se ha iniciado la conversión al autoritarismo del sistema político mexicano.

En ese camino emprendido por el grupo gobernante, todavía aparecen obstáculos legales que están pausando el salto al vacío que implica, por ejemplo, la reforma al Poder Judicial de la Federación impulsada por los morenistas.

De ahí que la suspensión del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos judiciales del periodo 2024-2025, emitida por el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF), este 7 de enero de 2025, podría ser un indicio de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo tribunal constitucional, aún no ha dicho la última palabra en materia de amparos.

En este caso se trata de una medida cautelar emitida por el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Michoacán, dentro del incidente de suspensión 1074/2024, que se deriva de un juicio de amparo interpuesto contra las recientes reformas constitucionales y legales en materia judicial debido a que estas afectan directamente los procedimientos previstos para este proceso electoral extraordinario.

Quizá, como ha ocurrido con muchos otros recursos, este amparo sea desacatado por el Ejecutivo y el Legislativo, debido a que conforme a la reforma de supremacía constitucional vigentes desde el 1 de noviembre de 2024, según las mayorías del Congreso son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas constitucionales, tampoco proceden juicios de amparo contra estas modificaciones.

Aunque la presidenta Sheinbaum invoque que la SCJN no debe involucrarse en una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y asegure que el amparo es improcedente por ser materia electoral, todavía existe una mayoría e la Suprema Corte autónoma, y debería acatarse esta suspensión hasta que la situación jurídica de fondo sea resuelta o se determine la modificación de la medida cautelar.

Varios organismos autónomos ya han sido “colonizados” por el gobierno de la Cuarta Transformación. Por orden de aparición están: la FGR, con Alejandro Gertz Manero; la CNDH, con Rosario Piedra Ibarra; el TEPJF, con Mónica Soto Fregoso; y el INE, con Guadalupe Taddei.

Otros están en vías de extinción como organismos constitucionales autónomos, desde el 20 de diciembre en que el Diario Oficial de la Federación publicó las reformas constitucionales aprobadas por el Poder Legislativo Federal y los Congresos Estatales con premura sin precedente ni reflexión alguna por parte de la mayoría legislativa oficialista.

En ese caso están: INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales) y el CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social). Organismos que, al desaparecer, dejarán sin transparencia a la acción pública y sin estadísticas confiables sobre la pobreza.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que pasarán a la Secretaría de Energía, y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoradu), que se incorporará a la SEP, con lo que se acabarán las evaluaciones independientes.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que se incorporan al organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), ambos pasarán a integrarse a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes (SICT).  Otro caso de convertir en juez y parte a órganos reguladores.

Es curioso que la gente aplauda a la presidenta Sheinbaum la clausura del periodo de transición democrática que se inició en el año 2000 cuando el PRI, el partido hegemónico, perdió la presidencia de la República, y lo hizo en forma pacífica gracias a instituciones autónomas como el INE, el TEPJF, actualmente intervenidas.

Pudo iniciarse entonces un periodo de normalidad democrática (2000-2018), y hoy se trata de soslayar que, gracias a los organismos autónomos, en 2018, Andrés Manuel López Obrador llegó al poder con una propuesta de realizar un gobierno democrático de izquierda, la cual incumplió.

No se democratizó el poder, ni se esclarecieron los crímenes de Estado, como el de Ayotzinapa; ni se combatió la corrupción. Se atacó a integrantes de la sociedad civil que ayudaron a encumbrarlo.

Al Ejército no lo enviaron a los cuarteles, sino que le asignaron la seguridad pública y más de 200 nuevas atribuciones para, por razones de “seguridad nacional”, usar recursos públicos sin rendir cuentas; se trastocaron los mecanismos institucionales de división de poderes y se extinguieron organismos autónomos, entre otras aberraciones en órganos de salud (Insabi), Seguridad Alimentaria (Segalmex), instituciones educativas, etc.

Quizá sea que las reservas obtenidas por el Banco de México, organismo autónomo aún; el impulso al comercio exterior –gracias al T-MEC–, ambos órganos de la transición democrática neoliberal, más el oneroso y proselitista sistema de transferencias mensuales de pensiones y becas establecido por el gobierno populista de AMLO, continuado y ampliado por Sheinbaum, alcanzó hasta ahora para dar alta popularidad a los presidentes morenistas.

Pero ahí viene Donald Trump; el presidente electo de Estados Unidos, otro tipo de mandatario populista, tomará posesión en unos días. Llegará por segunda vez al poder, ahora superpotenciado, fortalecido con el apoyo mayoritario del Congreso, con un equipo integrado por reconocidos antimexicanos.

Ha prometido: actuar en México para acabar con la violencia e inseguridad que amenaza sus fronteras; combatir a los carteles del narcotráfico; terminar con la producción de fentanilo en el país; poner aranceles a importaciones mexicanas; deportar a nuestros connacionales migrantes; hasta quiere cambiarle el nombre al Golfo de México para convertirlo en Golfo de América…

Pondrá a prueba la inteligencia y capacidad real del gobierno mexicano. La popularidad no es suficiente y no ayudará afirmar que el fentanilo no es nuestro problema…