La diputada Josefina Salazar Báez (PAN) planteó reformar la Ley General de Salud, para que cualquier acción específica de vacunación que no sea parte del Programa Universal de Vacunación sea considerada como medida de seguridad en los términos de esta Ley y cuente con la opinión, basada en la evidencia científica disponible, que emita el Consejo Nacional de Vacunación.

Asimismo, que las acciones de vacunación como medida de emergencia deban aplicarse por personal de salud capacitado para tal efecto, en coordinación con las autoridades locales y considerar de forma prioritaria a las personas con discapacidad como grupo vulnerable en términos del marco jurídico nacional.

La iniciativa destaca que la adecuada conducción de los programas de vacunación de emergencia, resulta especialmente relevante en estos momentos con el programa de vacunación relacionado a la pandemia de COVID-19, cuyos fundamentos se encuentran establecidos en el Documento Rector de la Política Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2.

Considera necesario apegar las acciones de salud a las leyes, ya que, para este momento y para las eventualidades que se puedan presentar en el futuro, es vital fortalecer la legislación para que los programas de vacunación que se realicen en el marco de medidas de emergencia por salud pública, estén claramente regulados y puedan aprovechar por completo el potencial del sistema de vacunación que nuestro país posee.

Explica que la Ley General de Salud solamente contempla el Programa Universal de Salud y las Medidas de Seguridad; por tanto, para que una acción pública en materia de inmunización de la población utilizando vacunas sea ejecutada en términos de la Ley, debe corresponder a una u otra categoría de programas de entre las mencionadas.

Se busca que la vacunación cuente con una opinión del Consejo Nacional de Vacunación el cual, de acuerdo a la propia Ley de Salud, deberá actuar apoyándose en la evidencia científica disponible, así como en los criterios de racionalidad y objetividad.

Con la reforma, las acciones de vacunación se realizarían bajo una regulación clara, con certidumbre jurídica respecto a la propia Ley de Salud y a otras normas aplicables, incluyendo los principios constitucionales que deben llevarse a la práctica para garantizar la protección a los sectores vulnerables, no solamente para la actual campaña de vacunación, sino para las emergencias que resulten necesarias en el futuro, puntualiza.

La iniciativa que adiciona dos párrafos al artículo 408 de la Ley General de Salud, fue remitida a la Comisión de Salud.