En una charla organizada por el Centro Virtual de Estudios de la Gestión Pública, la doctora Catheryn Camacho, directora asociada del Centro de Estudios Estados Unidos-México de la Universidad de California en San Diego, analizó el modelo de regulación de la inteligencia artificial (IA) en Estados Unidos, contrastando las visiones de los expresidentes Donald Trump y Joe Biden frente a la normativa europea.

De acuerdo con Camacho, la principal diferencia entre el modelo norteamericano y el europeo radica en sus prioridades:

Estados Unidos (Trump, segundo periodo): énfasis en la innovación, el desarrollo tecnológico como seguridad nacional y la recuperación de la hegemonía estadounidense.

Unión Europea: protección de los derechos humanos, la dignidad y la privacidad ante posibles riesgos de la IA.

El decreto ejecutivo de Biden, conocido como Blueprint for an AI Bill of Rights, marcó un giro hacia la defensa de los derechos civiles, estableciendo cinco principios orientadores en el diseño y uso de IA avanzada. El documento busca evitar malas prácticas, garantizar el acceso equitativo y proteger la confidencialidad de los datos.

Por su parte, el plan de Trump promovía la reducción de regulaciones, la construcción de centros de datos y fábricas de semiconductores en territorio estadounidense, y el impulso a modelos lingüísticos “libres de sesgos ideológicos”.

Un aspecto clave de la regulación estadounidense es la competencia entre Federación y estados.

En principio, la regulación debería recaer en los estados, al no estar contemplada en la Constitución.

Sin embargo, el gobierno federal ha intervenido a través de decretos ejecutivos, justificando su facultad en la regulación del comercio.

Actualmente, existen más de 500 proyectos de ley en discusión en legislaturas estatales, mientras que el gobierno federal fija políticas generales de carácter nacionalComparación con Europa y México

A diferencia de Europa, donde las normas son más rígidas, con certificaciones y estándares obligatorios, Estados Unidos se concentra en fijar principios generales, lo que deja espacio a la interpretación y aplicación local.

En contraste, en México la estrategia ha sido extender las facultades del Congreso para emitir leyes generales que armonicen la regulación a nivel nacional, con lineamientos que se aplican tanto en el ámbito federal como estatal.

Camacho señaló que en Estados Unidos la regulación federal coloca en segundo plano la protección de los derechos de las personas, mientras que los estados avanzan con propuestas sectoriales. El reto, dijo, es lograr un equilibrio entre innovación, competitividad y salvaguarda de derechos fundamentales.