La diputada Carolina Beauregard Martínez (PAN) propuso reformar, adicionar y derogar los artículos 179 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con el objetivo de establecer que los créditos de vivienda se otorguen y calculen en pesos.

​Además, precisar que estos créditos devengarán intereses sobre el saldo de los mismos y dicha tasa no excederá el cuatro por ciento anual sobre saldos insolutos.

​La iniciativa, turnada a las comisiones de Seguridad Social y de Vivienda, también plantea derogar el primer párrafo del artículo 185 referente a que el saldo de los créditos otorgados a los trabajadores se revisará cada vez que se modifiquen los salarios mínimos, incrementándose en la misma proporción en que aumenten éstos.

La exposición de motivos argumenta que la mayoría de los créditos hipotecarios otorgados por el Fovissste fueron contratados en la modalidad de veces salario mínimo, lo que implica que el monto de la deuda y los pagos mensuales de los acreditados, se incrementan anualmente, “por lo que se vuelven impagables”.

Subraya que lo dispuesto por el artículo 185 “encarece y dificulta a los acreditados el pago de sus créditos, porque cada año, el saldo insoluto aumenta, debido al ajuste salarial, más el interés que también se actualiza cada año”.

Derogar el primer párrafo del artículo 185, precisa, busca evitar que cada año se siga incrementando el saldo de los créditos conforme a los aumentos del salario mínimo. Con ello, consigue que el salario mínimo pueda aumentar sin que esto repercuta a los trabajadores acreditados y garantizar la integridad y el aumento real de los salarios.

El documento explica que la reforma también tiene la finalidad de poner un límite al interés que se cobra por los créditos, estableciendo que no podrá exceder de cuatro por ciento anual sobre saldos insolutos. “Esto se hace en función de que el Fondo de Vivienda o Fovissste no es un negocio que deba buscar lucrar a costa del patrimonio y fruto laboral de los trabajadores”.

Enfatiza que la finalidad que tiene el Fondo de la Vivienda se incumple, dado que “los trabajadores no tienen acceso a créditos baratos ni suficientes, sino que adquieren una deuda que, en lugar de disminuir con sus pagos, se incrementa cada año, poniendo en riesgo su patrimonio y el de su familia”.

Afirma que la propuesta de reforma beneficiará a los acreditados porque las mensualidades y el saldo de su crédito será fijo durante todo el plazo acordado, sin incrementos anuales. Esto, agrega, dará certidumbre para planear su economía familiar y les dará acceso a tasas de interés competitivas en el mercado hipotecario.