Las decisiones que se tomen estriban en el pleno respeto a la autonomía del banco central y las indispensables precauciones contra el lavado de dinero

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, reconoció que la iniciativa de reforma a la Ley del Banco de México pretende resolver problemáticas del mercado cambiario de nuestro país, como la situación que enfrentan algunas instituciones bancarias nacionales ante la dificultad de actuación con sus corresponsales en el exterior.

Al participar en el primer día del Parlamento Abierto de Análisis respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Banco de México, en materia de captación de divisas extranjeras en efectivo, subrayó que luego de conocer la propuesta en diciembre pasado, las voces de alerta sobre distintas aristas de dichas reformas tuvieron resultado.

Por ello, continuó, los grupos parlamentarios tanto de esta Cámara como del Senado de la República decidieron la creación de una comisión bicamaral con el propósito de escuchar, revisar y fortalecer las determinaciones legislativas sobre la reforma.

Manifestó: “en la Cámara de Diputados recogimos la preocupación que se presenta por la presencia de billetes y monedas del extranjero, principalmente de los Estados Unidos de América, que entran a la economía mexicana tanto por las remesas como por el turismo y que son recibidas principalmente por personas y familias en condiciones de vulnerabilidad”.

La diputada Dulce María Sauri subrayó que las decisiones que se tomen estriban en la conciliación de las demandas y necesidades con el pleno respeto a la autonomía del banco central y con las indispensables precauciones contra el lavado de dinero que, en los flujos financieros globales, buscan encontrar una pequeña grieta para vulnerar la estrategia para evitar la invasión de recursos de procedencia ilícita.

En este intercambio de ideas, surgió la inquietud respecto de nuestros compatriotas en la Unión Americana que, mes con mes, envían dólares a sus familias que, al recibirlos por transferencia electrónica o en efectivo, registran una mengua por el tipo de cambio al que son adquiridas.

 “Estamos en la posibilidad de abordar responsablemente una situación que, de ser resuelta en forma adecuada, representará una auténtica medida de justicia social para quienes mandaron el año pasado, alrededor de 40 mil millones de dólares americanos. Y por otra, contribuirá a resolver problemas operativos de las instituciones bancarias nacionales”, indicó.

La diputada presidenta planteó que dentro de las posibles soluciones está considerar medidas de política monetaria y de regulación bancaria. Que la Comisión de Cambios, donde confluyen Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con la Comisión Nacional Bancaria, estudien y resuelvan mecanismos para atender el problema de migrantes y remesas, con el apoyo de la Banca de Desarrollo, en especial del Banco del Bienestar.

“De esta manera se podría disminuir el costo de transacción, recoger y resolver los problemas manifestados por distintos sectores de la sociedad y –muy importante- preservar la autonomía del Banco de México”, explicó.

Estoy cierta de que con la participación de la sociedad en general, de representantes de la academia, del Banco de México, de la Asociación de Bancos de México, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otros, se dará mayor certeza al trabajo legislativo, y un mayor sustento para las determinaciones que habrán de tomar ambas cámaras del Congreso de la Unión.

Añadió que el objetivo de un Parlamento Abierto es hacer accesible la participación ciudadana en el Congreso y garantizar el derecho a la información; además, obliga a tener un mecanismo de rendición de cuentas en todos los órganos colegiados y trabajo individual de todas y todos los legisladores.

Durante la actual legislatura se han realizado diversos ejercicios así, pero todavía falta recorrer camino para pasar de la forma al fondo; es decir, incidir en los procesos de toma de decisión, que en el trabajo parlamentario significa reflejar los planteamientos recogidos en los foros, en los dictámenes.