El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que la reforma al Código Penal Federal en materia de delitos contra el medio ambiente y gestión ambiental tendría una incidencia positiva, por lo que será un tema a discutir durante el próximo periodo ordinario de sesiones que iniciará el 1 de febrero de 2026.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) señaló que, pese a las modificaciones realizadas por el Senado de la República, la iniciativa mantiene su objetivo central de fortalecer la protección del medio ambiente y combatir de manera más efectiva los delitos ambientales.

Monreal explicó que la minuta, devuelta a la Cámara de Diputados el pasado 9 de diciembre y contemplada en la Agenda Legislativa 2026 del grupo parlamentario de Morena, ya había sido objeto de cambios, los cuales deberán analizarse y discutirse en el siguiente periodo legislativo.

Detalló que entre las modificaciones destaca la sustitución de las sanciones expresadas en días multa por la Unidad de Medida y Actualización (UMA), así como la adición de un último párrafo al artículo 418, en el que se incorporan excluyentes de delito para señalar que no se considerará infracción cuando ciertas conductas sean realizadas por campesinos, ejidatarios, comuneros y habitantes del medio rural, siempre que no se utilicen armas de fuego, medios violentos ni se persiga un lucro o beneficio económico.

El legislador precisó que cuando la ley hace referencia a los días multa, dicha figura se encuentra definida en el artículo 29, párrafo segundo, del Código Penal Federal, el cual establece que éstos corresponden a la percepción neta diaria del sentenciado al momento de cometer el delito, considerando la totalidad de sus ingresos.

En este sentido, advirtió que el reemplazo de los días multa —y, en su caso, de las jornadas de trabajo en favor de la comunidad— por la UMA podría provocar, en determinados casos, una reducción de sanciones que no corresponda con la capacidad económica real de los responsables, lo que implicaría una ruptura del principio de proporcionalidad. Por el contrario, mantener el esquema de días multa permitiría que las sanciones se ajusten de manera más justa y efectiva, especialmente para quienes cuentan con mayores recursos económicos.

Respecto a la excluyente de delito incorporada en el artículo 418, Monreal Ávila consideró que su aceptación podría apartarse del marco de protección de los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas, establecidos en el artículo segundo de la Constitución Política, el cual señala que el acceso a los recursos naturales de estas poblaciones debe sujetarse a reglas y al marco jurídico general del país.

No obstante, subrayó que la minuta devuelta por el Senado conserva el espíritu original que motivó su aprobación en la Cámara de Diputados: contribuir de manera efectiva a la reducción de los delitos contra el medio ambiente y fortalecer la gestión ambiental para la conservación de los ecosistemas.

Finalmente, Ricardo Monreal puntualizó que la iniciativa mantiene su alineación con los compromisos internacionales asumidos por México, orientados a la gestión sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación y el freno a la pérdida de biodiversidad y la degradación de la tierra.