La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la iniciativa de reforma constitucional para reducir el monto de algunas pensiones no afectará al personal de las Fuerzas Armadas, sino que estará dirigida exclusivamente a funcionarios públicos de confianza que, tras haber trabajado poco tiempo en el servicio público, reciben jubilaciones que consideró injustificadas.

Durante su conferencia, la mandataria confirmó que José Ángel Gurría —ex secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ex canciller y ex director de Nacional Financiera (Nafin)— percibe una pensión mensual de 120 mil pesos derivada de su paso por este último organismo financiero.

“Ya que salió público, lo podemos decir y vamos a ver qué información se puede dar”, expresó. Sheinbaum cuestionó que Gurría haya recibido pensión mientras encabezaba la OCDE y planteó: “¿Cuánto ganaría como director de la OCDE?”, al señalar que se trataba de un abuso.

La presidenta reiteró que la reforma no contempla cambios para los integrantes del Ejército, la Marina ni otras corporaciones castrenses, y subrayó que el objetivo es establecer un tope máximo a pensiones elevadas de ex funcionarios de alto nivel.

En el caso de María Amparo Casar, indicó que también deberá ajustarse al límite que se apruebe en la reforma. Añadió que cualquier denuncia en su contra será investigada por la fiscalía general de la República, instancia que determinará el procedimiento legal correspondiente.

La iniciativa forma parte de un paquete de cambios orientados a revisar privilegios en el servicio público y, según la presidenta, busca garantizar mayor equidad en el sistema de pensiones del país.