Información de AMEXI Dos jueces federales concedieron amparos a trabajadores del Poder Judicial y ordenaron al Congreso frenar la discusión de la reforma judicial que busca, entre otros objetivos, elegir a magistrados y ministros mediante voto popular. En Morelos, la titular del Juzgado Quinto de Distrito en esa entidad, Martha Eugenia Magaña, otorgó un amparo a trabajadores que impugnaron […]
Información de AMEXI
Dos jueces federales concedieron amparos a trabajadores del Poder Judicial y ordenaron al Congreso frenar la discusión de la reforma judicial que busca, entre otros objetivos, elegir a magistrados y ministros mediante voto popular.
En Morelos, la titular del Juzgado Quinto de Distrito en esa entidad, Martha Eugenia Magaña, otorgó un amparo a trabajadores que impugnaron el dictamen de la reforma judicial
Ese dictamen se aprobó el lunes 26 en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y se prevé que el pleno lo vote la próxima semana.
La determinación judicial subraya que el dictamen del llamado “Plan C” del presidente López Obrador no podrá discutirse y votarse por la Cámara de Diputados de la nueva legislatura este 1 de septiembre.
La juez expuso que la aprobación de la reforma, que entre otras medidas instauraría elecciones para renovar el Poder Judicial a partir de 2025, “pretende cesar de sus cargos de jueces federales a los ‘quejosos’ sin derecho de audiencia y sin derecho a indemnización alguna”.
En Chiapas, otro juez federal, Felipe V. Soncuelo Soto, también ordenó a la Cámara de Diputados frenar el “Plan C” de López Obrador.
En la Ciudad de México, el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, reaccionó molesto y advirtió que los legisladores no se someterán a la jurisdicción de juzgados que no tienen competencia para ello.
“No se puede suspender el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen relativo a la reforma constitución en materia judicial”, sentenció Monreal en un video que difundió por medio de su red social.
El líder parlamentario fue más allá y consideró que son inadmisibles ambas suspensiones contra la reforma.
Monreal señaló que las suspensiones ordenadas no son sólo una violación al principio de legalidad o una invasión de las facultades del Poder Legislativo, sino una violación flagrante a la Constitución.
“No hay duda de que, por la desesperación, algunos sectores que intentan conservar sus privilegios pretenden también frenar esta histórica reforma en beneficio de la población.”
Tildó de inaudito que los quejosos, “es decir, que quienes promueven el amparo sean los propios titulares de los juzgados de distrito”.
“Es tan absurda, grotesca e ignorante esa disposición de suspender, mediante la vía del amparo, actos de otro Poder, que el artículo 61 de la Ley de Amparo dispone en su fracción primera que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política.”
A su vez, el diputado Héctor Saúl Téllez, del PAN, afirmó que la suspensión otorgada por los jueces de Chiapas y de Morelos debe celebrarse.
Resaltó que el dictamen aprobado la semana pasada en la Comisión de Puntos Constitucionales por la mayoría del oficialismo es lesiva a la división de poderes.
Recordó que en la redacción del dictamen no se aceptó ninguna de las reservas de los legisladores de la oposición.
Por ello, dijo, es sano que se dé una suspensión para que el oficialismo “dé marcha atrás a la intención de concretar una revancha del presidente contra el Poder Judicial”.
“Celebramos completamente la decisión de una juez que, con valor, desde el estado de Morelos, ha emitido una resolución que suspende la discusión, análisis y en su caso la posible aprobación del dictamen que se ha presentado de la reforma judicial”.
Téllez Hernández explicó que ahora la Cámara de Diputados debería rendir el informe incidental correspondiente para que los jueces que emitieron la suspensión lo valoren y, en su caso, levanten o ratifiquen la suspensión.
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