La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, aseveró que una reforma democratizadora del Poder Judicial es justa y necesaria, pues el pueblo de México exige poner fin a la impunidad, la corrupción, la violencia y el contubernio entre autoridades, jueces y criminales de todo tipo.

En un artículo titulado “Transformar el Poder Judicial para garantizar la justicia y consolidar la democracia”, la senadora afirmó que la separación de poderes debe tender a la cooperación armónica entre los órganos del Estado, para que la voluntad popular se exprese y materialice en leyes, instituciones y decisiones para beneficio del pueblo.

Sin embargo, denunció que, actualmente, el Poder Judicial no coopera, sino que bloquea las transformaciones que requiere el proceso democratizador actual y no está en armonía con las demandas de la ciudadanía.

En ese sentido, la legisladora subrayó que es importante poner atención especial en los procedimientos y jueces de distritos locales, ya que muchos de los vicios y corruptelas ocurren ahí.

“La administración de justicia en favor de los más desfavorecidos encuentra a ese nivel sus primeros obstáculos, pues quien puede comprarla obtiene los fallos judiciales a su favor y quienes no, frecuentemente, solo obtienen el oprobio, el presidio o el olvido”, señaló.

Por ello, Ana Lilia Rivera detalló que la reforma propuesta tiene entre sus principales elementos que todos los jueces y magistrados, desde los locales hasta los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sean electos mediante voto directo de la ciudadanía.

Eso no significa que los jueces y magistrados vayan a emprender campañas electorales a través de algún partido político, acotó, sino que, para dar a conocer sus propuestas, programas de trabajo y perfiles profesionales tendrían acceso a los tiempos oficiales en radio y televisión.

Otros puntos importantes de la reforma, detalló, son la reducción del número de ministros de la SCJN, de 11 a nueve; la disminución de su periodo como magistrados de 15 a 12 años; y la eliminación de las dos salas superiores de la Corte.

Además, las y los candidatos a ministros de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral serían propuestos de la siguiente manera: 10 por el Poder Ejecutivo, 10 por el Poder Legislativo (cinco por cada Cámara) y 10 por el pleno de la Corte, y en todos los casos, con respeto a la paridad de género.

En lo que respecta al Consejo de la Judicatura Federal, puntualizó, se propone sustituirlo por el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial. Con esta modificación se logra que ningún magistrado o magistrada concentre atribuciones y facultades que puedan derivar en autoritarismo y arbitrariedades, explicó.

Finalmente, concluyó Ana Lilia Rivera, la reforma propone garantizar la justicia pronta y expedita al establecer como máximo un año para que los jueces y magistrados resuelvan asuntos en materia penal y seis meses en materia fiscal, y así evitar demoras que terminan por afectar a los más pobres y favorecer a los oligarcas que pueden pagar abogados durante años para no ser afectados en sus intereses.