CIUDAD DE MÉXICO, México  — El 4 de mayo, la Secretaría de Energía (Sener) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que “se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Hidrocarburos”.

Esta reforma busca dar a Petróleos Mexicanos (Pemex) la capacidad de ser el participante predominante del mercado. En pocas palabras, la nueva reforma tiene el objetivo de eliminar una regulación asimétrica de precios a la cual Pemex está sujeta, en función de “ordenar” a las empresas del sector privado que se dedican a la importación, distribución y comercialización de los combustibles de México.

El dictamen ya publicado quitó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) la facultad de someter a la empresa estatal a una supervisión de precios en productos petrolíferos, petroquímicos e hidrocarburos.

Bajo esta línea, el decreto también condicionará la entrega de permisos para operar hidrocarburos al requisito de cumplir con un nivel básico de infraestructura, que será definido por la Sener.

José Antonio Postigo, socio líder de la firma de abogados Sánchez Devanny, dijo cómo esta Reforma a la Ley de Hidrocarburos podría afectar a la economía y al sector privado. “Esta reforma a la Ley de Hidrocarburos busca, principalmente, eliminar los principios de la reforma energética propuesta en el sexenio de Enrique Peña Nieto para devolver el poder total del sector energético a Pemex ya la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, dijo.

A su juicio, el argumento para modificar y adicionar la ley a través de la Sener por parte de la administración actual de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue que la emisión de permisos a estas compañías privadas se llevó a cabo de manera descontrolada.

Según el mandatario mexicano, esto ocasionó una nueva versión del “huachicoleo”, o robo de combustible, pero vía medios fiscales. Asimismo, AMLO asegura, según información de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), mediante software “rastrillo”, que las gasolineras han perpetuado un robo flagrante, donde cobran más de lo que venden, dejando ganancias de más de 33 millones de pesos diarios, según sus cálculos.

Postigo dice que todas estas nuevas modificaciones y condiciones generarán en el mercado una fuerte incertidumbre en materia de inversión. “Lo peor que puede haber para un inversionista es la incertidumbre. Cuando no se tienen claras las reglas del juego, la inversión se hace para atrás”, dijo.

En este sentido, uno de los ejes más importantes de la reforma energética de 2013 fue la apertura del país a la inversión extranjera y la posibilidad de que grupos privados pudieran explorar y extraer petróleo. Según Postigo, el problema de dejar esta tarea a Pemex, como pretende la reforma, es que la estatal no tiene la capacidad de realizarla debidamente. “Pemex es la petrolera más endeudada del mundo; no tiene la capacidad para extraer todo ese petróleo”, dijo.

Por otra parte, existe el riesgo de que Pemex, como una empresa con alta participación en el mercado, caiga en políticas anticompetitivas o monopólicas. El 12 de abril, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) indicó que la Reforma a la Ley de Hidrocarburos puede provocar una disminución en la oferta de bienes y servicios, lo cual llevaría a un aumento en los precios para los consumidores finales.

Óscar Reyes, experto en competencia económica, explicó que existe el riesgo de que una empresa con alta participación en el mercado como Pemex ejerza su poder al establecer condiciones anticompetitivas. “Aunque formalmente no es un monopolio, pues no es el único vendedor ni impide la participación de otros jugadores, pero sí podría ejercer su poder o prácticas monopólicas relativas”, dijo.

Una de las preguntas más relevantes tras la aprobación de esta reforma es cómo se verá reflejado en el precio de la gasolina. Analistas coinciden en que es posible un aumento de precio, pues al tener Pemex mayor participación en el mercado, podrá establecer sus políticas de costos y precios, generando un alza en el precio final.

Gasolineras privadas como Shell, Total, G500 o Hidrosina también podrían enfrentar gastos más altos al comprar productos y servicios de Pemex, lo que aumentaría sus costos. Eliminar una regulación asimétrica generaría discrecionalidad y distorsiones en los precios de comercialización, representando más gasto en el sector productivo.

La Cofece recordó que, ahora que la Sener y la CRE tienen la facultad de permisos de suspensión, existe la posibilidad de que nuevas empresas estén desalentadas de entrar al mercado. De igual manera, podría restringirse la oferta de energéticos sin justificación, además de preservar o incrementar la concentración de mercado de Pemex.

(Editado por Melanie Slone y LuzMarina Rojas-Carhuas)