Mediante una reforma al artículo 4º de la Constitución Política, la diputada María Macarena Chávez Flores (PRD) busca reducir de 65 a 63 años la edad para que las personas indígenas y afromexicanas reciban una pensión no contributiva por parte del Estado.

La iniciativa, remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales, señala que para la actualización de esta reforma se tomaría como base el incremento anual que registre la Unidad de Medida y Actualización.

Subraya que el derecho a recibir una pensión no contributiva se mantendrá a niveles constitucionales y esta se entregará en forma mensual y no bimestral.

Refiere que el 8 de mayo de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política, en el cual eleva a rango constitucional el derecho a la pensión no contributiva para las personas adultas mayores, establecido en su párrafo décimo quinto.

Considera que pesar de que quedaron consagrados en la Constitución esos apoyos, “no han demostrado aún su efectividad como herramienta para combatir la pobreza de las personas con discapacidad y de los adultos mayores y no han sido eficaces en su operación, ya que se han visto como programas clientelares y no como programas pues se elevaron a rango constitucional”.

Menciona que, por ser un derecho constitucional, los recursos destinados a las pensiones no podrán disminuir independientemente del cambio de gobierno. “En México nuestros adultos mayores enfrentan condiciones de escasos ingresos, carencias y, en algunos casos, discriminación”.

Por ello, expone, “el costo financiero de este derecho debe incluirse en el Presupuesto de Egresos de la Federación de forma escalonada para el cumplimiento en el mediano y largo plazo de la llamada pensión contributiva, ya que es dinero de nuestros impuestos y no una dádiva”.

Además, en el país para una persona de 60 años es muy difícil o casi imposible que consiga trabajo. Aproximadamente, casi dos millones de personas de 65 años y más años viven solas y más de la mitad son mujeres.

El porcentaje de la población de 65 años que no es económicamente activa es de 66.1 por ciento y de éste más de la mitad se dedica a los quehaceres domésticos; los pocos que trabajan o que tienen una fuente de empleo es porque laboran por cuenta propia pero no tienen acceso a instituciones de salud, indica.

Relata que el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece el derecho de las personas a contar con un nivel de vida adecuado que le asegure alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y social en la vejez.

Considera que lo anterior “no ocurre en nuestro país, ya que con la actual pensión de los adultos mayores de 3 mil 850 pesos bimestrales es imposible cumplir con ello, pues no les alcanza a cubrir sus necesidades, por lo que dicha cantidad debe ser entregada de forma mensual”.