De Política Alejandro Álvarez Manilla

En pleno 2025, Estados Unidos parece estar reviviendo los momentos más oscuros de su historia migratoria. Las recientes redadas en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Austin no solo representan una ofensiva política, sino también un golpe directo a los derechos humanos y a los valores sobre los cuales este país se construyó.

Bajo el argumento de reforzar la seguridad nacional y combatir el crimen, miles de familias han sido separadas, trabajadores detenidos y comunidades enteras sometidas al miedo. Se ha activado a la Guardia Nacional, se ha desplegado armamento y tácticas militares, y todo esto para perseguir a personas cuyo único “delito” fue buscar una vida mejor.

¿Desde cuándo migrar se volvió una amenaza? ¿Desde cuándo ganarse la vida limpiando casas, trabajando en el campo, cocinando en restaurantes o construyendo edificios se convirtió en una justificación para ser tratado como criminal?

Lo que ocurre en Los Ángeles, y en muchos otros puntos del país, no es una operación de seguridad: es una campaña de intimidación. Es una estrategia de control que instrumentaliza el miedo, convierte a los inmigrantes en chivos expiatorios y busca obtener rédito político a costa de la dignidad humana.

La historia demuestra que Estados Unidos ha sido, por décadas, un país de migrantes. Sin embargo, las políticas actuales parecen olvidar que fueron los brazos de millones de personas —muchas de ellas sin papeles— quienes construyeron su infraestructura, sostuvieron su economía y alimentaron sus ciudades.

Las redadas no solo afectan a quienes son arrestados. Generan un clima de terror generalizado, impiden que padres lleven a sus hijos a la escuela, que enfermos acudan al médico o que trabajadores denuncien abusos laborales. Rompen el tejido social, empujan a las personas a la clandestinidad y debilitan la confianza en las instituciones.

Además, se corre el riesgo de normalizar la militarización de la vida civil y usar las fuerzas armadas para resolver asuntos que deberían abordarse desde la política social y los derechos humanos, no desde la fuerza bruta.

Hay que decirlo con claridad: ningún país se fortalece persiguiendo a los más vulnerables. Ninguna democracia se sostiene pisoteando los principios de justicia, equidad y humanidad. Y ningún gobierno puede hablar de libertad cuando convierte a quienes cruzan fronteras en enemigos.

Hoy más que nunca, es necesario alzar la voz. Defender a los migrantes no es una postura ideológica, es un imperativo ético. Porque si el sueño americano ha de sobrevivir, no puede construirse sobre la pesadilla de quienes solo buscan un futuro digno.