Por César Santomé López. Analista y consultor

En un artículo anterior dedicado a la razón pública señalamos esta crisis como uno de los síntomas más preocupantes del deterioro democrático contemporáneo. Entre sus factores críticos identificamos el empobrecimiento del debate político, la simplificación del discurso y la creciente desconexión entre conocimiento experto y sociedad. Estos procesos han debilitado la capacidad colectiva para pensar, analizar y deliberar sobre los asuntos públicos relevantes para el bienestar y el desarrollo social.

La razón pública es, en esencia, la capacidad de una sociedad para discutir sus problemas mediante argumentos razonables, verificables y comprensibles para la ciudadanía. Constituye una condición mínima de racionalidad política y la base del razonamiento colectivo que las democracias necesitan preservar. La deliberación democrática no puede sostenerse únicamente sobre intuiciones políticas, sofismas retóricos, lealtades o consignas infranqueables. Será necesario comprender que la razón pública exige argumentos capaces de fomentar la comprensión, la crítica, la evaluación y las decisiones bien informadas.

El filósofo John Rawls, en Political Liberalism, sostenía que el ideal de la razón pública consiste en que “los ciudadanos se expliquen unos a otros las bases de sus posiciones políticas mediante razones que todos puedan aceptar razonablemente”. Cuando ese espacio se deteriora, la democracia pierde su principal mecanismo de corrección. Sin argumentos compartidos, la política se reduce a propaganda, emoción y polarización.

La primera tarea para reconstruir la razón pública consiste en recuperar la centralidad del argumento frente a la consigna. Durante las últimas décadas buena parte de la política ha sustituido la deliberación por slogans y la argumentación por consignas emocionales de superioridad moral. La consecuencia es una conversación pública empobrecida y sorda en la que problemas complejos se reducen a frases breves, a enfrentamientos moralmente descalificadores o a narrativas simplificadoras que exculpan el presente y condenan el pasado.

En contraparte, la política democrática requiere algo distinto: la capacidad de explicar decisiones, justificar políticas públicas y persuadir mediante datos, evidencias y razones verificables. Hannah Arendt recordaba que la política pertenece al ámbito de la palabra y la persuasión. En La condición humana advertía que “la política se basa en el hecho de la pluralidad de los hombres”, lo que implica necesariamente la existencia de diálogo, argumentación y deliberación. Cuando el espacio de la palabra y el pensamiento se degradan, la política deja de ser deliberación y se convierte en mera imposición.

Una segunda tarea consiste en reconstruir el espacio de los mediadores intelectuales entre conocimiento y sociedad. Históricamente, el periodismo serio, la academia, los centros de investigación y los analistas públicos han desempeñado una función esencial: traducir la complejidad del mundo en interpretaciones comprensibles para la ciudadanía. Cuando estos mediadores son descalificados sistemáticamente, tienden a desaparecer o a perder legitimidad y el vacío es ocupado por la desinformación, la polarización y la lógica del escándalo permanente, del espectáculo, el pan y el circo.

Como advierte el filósofo político Daniel Innerarity, las democracias contemporáneas enfrentan el desafío de gobernar sociedades cada vez más complejas. En La democracia del conocimiento sostiene que “la política democrática necesita instituciones capaces de procesar conocimiento y transformar la complejidad en decisiones comprensibles”. Sin mediadores intelectuales, la conversación pública se empobrece y la deliberación democrática se debilita.

La tercera tarea consiste en traducir el conocimiento experto al debate ciudadano. Las sociedades contemporáneas enfrentan desafíos cada vez más complejos: transición energética, revolución tecnológica, inteligencia artificial, crisis climática, reorganización geopolítica, cambios demográficos o transformaciones económicas profundas. Estos fenómenos no pueden abordarse únicamente desde la intuición política ni desde la consigna ideológica. Requieren conocimiento especializado.

Sin embargo, el conocimiento que permanece encerrado en círculos técnicos pierde capacidad de influir en la vida pública, especialmente cuando es descalificado o desacreditado de forma sistemática. Como ha señalado Yuval Noah Harari, en la era de la sobreinformación el problema no es únicamente producir conocimiento, sino hacerlo inteligible para la sociedad. Cuando el saber experto queda aislado, el espacio público se llena de simplificaciones, teorías conspirativas o interpretaciones superficiales de problemas que requieren análisis riguroso.

Una cuarta tarea consiste en defender las instituciones deliberativas. La razón pública no vive únicamente en los medios de comunicación o en los espacios académicos; también se expresa en instituciones que discuten, evalúan y justifican decisiones colectivas. Parlamentos, tribunales, organismos técnicos y entidades reguladoras libres y autónomas forman parte del entramado institucional donde las decisiones públicas deben ser argumentadas y sometidas a escrutinio. La democracia no es solo un procedimiento electoral; es también un sistema de deliberación institucionalizada.

Ninguna democracia puede sobrevivir si sus ciudadanos dejan de pensar críticamente, lo aquí expuesto es una responsabilidad colectiva que involucra a universidades, medios de comunicación, centros de investigación, analistas, instituciones públicas y ciudadanos. En una época marcada por la aceleración tecnológica, la desinformación, y la polarización, recuperar la capacidad deliberativa se convierte en una condición indispensable para preservar la democracia. Las democracias pueden sobrevivir a gobiernos incompetentes o a crisis económicas profundas. Lo que difícilmente pueden resistir es la renuncia de las sociedades a pensar libre y públicamente. Cuando eso ocurre, otros pensarán por ellas y gobernarán sin rendir cuentas.