Miscelánea, salud y política, Judith Álamo López

Un político de la élite gobernante, senador por Morena –apreciado por el líder moral del movimiento y su sucesora–, con una personalidad histriónica, estruendosa y violenta puesta al servicio de ese partido político; en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), decidió atacar a una mujer víctima de la violencia, revictimizarla.

Los deleznables ataques verbales contra Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, desde el pasado 5 de noviembre, con el respaldo del “Movimiento del sombrero”, son contra una valiente mujer que no sucumbió ante el miedo luego de ver a su esposo, Carlos Manzo, acribillado por un sicario. 

Los antecedentes. Una escena cruenta que debe llamar a la reflexión y solidaridad ciudadana: el alcalde de Uruapan fue asesinado de seis tiros, el 1 de noviembre pasado, pese a estar rodeado de una veintena de elementos policiacos (escoltas y guardias nacionales), el asesino –un joven sicario de 17 años– pese a estar sometido, fue sacrificado.

La víctima hizo denuncias públicas en contra de morenistas de la élite gobernante en la entidad michoacana, los acusó de colusión con el crimen organizado, a ellos responsabilizó de lo que pudiera acontecerle por no ceder a presiones criminales. Inexplicablemente las investigaciones han eludido indagar a los señalados, se centraron en jefes del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Veinte días después de asumir como alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz fue acusada por el senador morenista Gerardo Fernández Noroña, de ambiciosa, de ultraderecha, de fascista y de querer desestabilizar al país. ¿Qué pudo motivar que un político conocido por su proclividad a romper los límites del decoro y abusar de las mieles del poder, arremetiera desde la tribuna del Senado en contra de la viuda de Manzo?

¿Quién perdió el oremus?, o sea el juicio o la cordura (según la RAE), ¿los gobernantes o los gobernados?.

Contextualizando lo dicho por la presidente Claudia Sheinbaum este miércoles: en su Mañanera del Pueblo, ella cree que su correligionario se adelantó al debate político, no mostró sensibilidad con “Quiroz, (quien) acaba de perder a su esposo y hay que ser solidario estés o no estés de acuerdo”, afirmó la mandataria, y asentó: “Todo a su tiempo”.

En los tiempos actuales, el Movimiento del Sombrero tiene el apoyo mayoritario de los uruapanenses, quienes llegaron al hartazgo del acoso criminal, y por ello eligieron a Carlos Manzo, candidato independiente, como su alcalde. Manzo fue diputado federal por Morena, pero renunció a ese partido por la corrupción permisiva con el crimen organizado en la región. Fue asesinado porque era un líder en ascenso, creen sus seguidores que llegaría a gobernador y hasta era presidenciable.

Para muchos ciudadanos el debate sobre la conducta de los políticos debe ser cotidiano, ninguna narrativa oficialista proclive a ensalzar la causa política propia debe quitarle el derecho a la sociedad de opinar frente a actos y dichos de quienes rigen asuntos públicos. 

Nunca debería ser tiempo de ataques arteros contra causas legítimas, tampoco deben aceptarse los razonamientos misóginos que implican violencia política de género. Los tiempos políticos son siempre propicios para corregir el rumbo y rendir cuentas a la Nación. 

No existen razones válidas para ignorar los casos de corrupción en que se presume han incurrido altos dirigentes, funcionarios y representantes de Morena, incluidos familiares cercanos a AMLO y hasta una red de elementos de las fuerzas armadas, bajo sospecha están los altos mandos, incluido su comandante supremo.

Sólo por el huachicol – robo, adulteración y tráfico ilegal de hidrocarburos–existe un desfalco considerable en las finanzas públicas, según el académico del Observatorio Ciudadano de la Energía, Francisco Barnés de Castro, las pérdidas ascendieron a casi 25 mil millones de dólares durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En ese mismo periodo, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) calculó que el Estado mexicano perdió por huachicol fiscal –elusión de impuestos por venta ilegal de hidrocarburos– alrededor de 200 mil millones de pesos al año. 

Si se compara la llamada Estafa maestra en la administración de Peña Nieto, ésta implicó desvíos por al menos 7 mil millones de pesos, mientras que las irregularidades en SEGALMEX, también con AMLO, alcanzaron más de 15 mil millones de pesos. El daño por el huachicol fiscal es 10 veces superior, según cálculos de MCCI.

Los gobiernos populistas son expertos en desviar la atención de los conflictos que les son atribuibles, y para ello usan y abusan de todos los recursos del Estado. 

Ahí viene una demostración de cómo utilizan los gobiernos de la 4T a los empleados públicos y a los beneficiarios de los programas del Bienestar. Todos ellos, sus jefes y coordinadores fueron convocados a celebrar “libremente”, con pase de lista para comprobar su asistencia, el domingo 6 de diciembre en el zócalo. 

¿Dejarán ondear la bandera nacional y quitarán bloques de concreto y el muro metálico? Obvio, ese día no hay amenazas contra el oficialismo, por lo que no habrá gases “no lacrimógenos” ni cerrarán las entradas al zócalo elementos “no granaderos”, el Bloque Negro descansará ese día y guardará sus herramientas para romper movimientos ciudadanos.

Aunque todavía se respira en el aire del zócalo el tufillo de polvos extintores, gases pimienta y “no lacrimógenos”, lanzados por escuadrones de “no granaderos” a los ciudadanos que se manifestaron el pasado 15 de noviembre en el zócalo para demandar mayor seguridad, el cese de la violencia criminal, de homicidios y de desapariciones.

Las heridas físicas de las víctimas de la represión en la concentración convocada por la Generación Z, van sanando, pero dolerán por mucho tiempo las heridas profundas a la participación ciudadana y las consecuencias de los antecedentes criminales levantados a quienes se atrevieron a ejercer su derecho constitucional a manifestarse pacíficamente. 

La represión genera miedo que desalienta la participación. Así lo prueba la manifestación en contra de la violencia contra las mujeres el 25N, con solo un millar de participantes, fue la más baja asistencia en los últimos cinco años.

Aunque hay causas que no cederán fácilmente, pese a la amenaza de la secretaría de Gobernación de abrirles investigaciones judiciales a los líderes transportistas y productores agrícolas, acusados de militar en partidos “opositores” quienes “buscan preservar privilegios”. 

Me refiero a los paros en contra de la inseguridad y la extorsión, por mejores precios de garantía y en contra de la Nueva Ley de Aguas, que llevan tres días de bloqueos carreteros, y el gobierno pese a las afectaciones y repetir que está abierto al diálogo, hace oídos sordos a las demandas y ha carecido de voluntad para encontrar solución negociada.

La presidente Sheinbaum y el senador Noroña coinciden en calificar de ultraderechismo o derechismo a ultranza cualquier causa en contra de una administración que, pese a autocalificarse como de “izquierda progresista”, cada día acumula más acusaciones de corrupción entre miembros de su élite, de malversación de fondos públicos, abusos de poder, colusión criminal, hasta es calificada como narco Estado o gobierno criminal.

Como recurso populista de manual recurren al engaño de hacerle creer al “pueblo sabio” que la lucha es entre el bien y el mal, los buenos son la izquierda y los malos son de derecha. Es como si se quisiera reducir la lucha entre siniestros-malignos y diestros-bondadosos. La realidad no es así.

Porque “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”, frase atribuida al historiador británico Lord Acton, los sobrevivientes conscientes a la concentración del poder del gobierno de Morena, demócratas, organizaciones sociales, científicos y técnicos autónomos e intelectuales independientes, incluidos los periodistas debemos cumplir con el deber social de argumentar apegados a la verdad, exigiendo cuentas a los servidores públicos, que para ello fueron elegidos y perciben generosos emolumentos de la hacienda pública.