Diputadas y diputados del PVEM plantearon que en las políticas y programas de movilidad se impulse la instalación de cámaras de vigilancia, botones de pánico y sistemas de geolocalización en las unidades de transporte público.

El propósito es vigilar estas unidades desde los centros de monitoreo de las autoridades de seguridad ciudadana locales y estatales, para una intervención oportuna en caso de presentarse algún ilícito.

Para ello, presentaron una iniciativa que adiciona la fracción V Bis al artículo 71 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

En los considerandos de la iniciativa presentada por el diputado Fausto Gallardo García, a nombre de las y los integrantes del PVEM, señala que la finalidad es contribuir a garantizar el derecho de las personas a desplazarse sin que ello implique algún tipo de riesgo.

“Llegar al trabajo, llevar a los niños a la escuela, ir al médico, salir a divertirse o cualquier otra actividad cotidiana para la cual se utiliza el transporte público, no tienen por qué implicar un riesgo importante de ser víctima de algún delito”, añade.

Menciona que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) de 2020 estimó que durante 2019 se generaron aproximadamente 30 millones de delitos asociados a 22 millones de víctimas, de dicha estadística se deprende que el mayor porcentaje de los delitos fue cometido en la vía pública o en el transporte público.

Expone que los altos índices de inseguridad a los que se enfrentan los ciudadanos requieren una respuesta contundente y coordinada por parte de las autoridades de todos los niveles de gobierno, a fin de impulsar la implementación de medidas que permitan a la ciudadanía realizar sus actividades cotidianas bajo condiciones de seguridad.

Refiere que menos de un tercio de los estados de la República han legislado para garantizar a los usuarios del transporte público trayectos más seguros mediante la instalación de diversos dispositivos de seguridad. Precisa que gobiernos estatales y municipales han impulsado su instalación, sin que necesariamente se encuentren obligados a ello por la ley.

Los beneficios vinculados al uso de este tipo de tecnología, representan una opción que proporciona, de manera inmediata y económica, la solución a diversos problemas relacionados con la seguridad pública, agrega la iniciativa turnada a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad.

Menciona el caso de la Ciudad de México, donde el Gobierno informó a fines del año pasado que, para seguridad de los ciudadanos, a través de la Secretaría de Movilidad, instaló 10 mil 398 equipos de cámaras de seguridad y geolocalización en el transporte público concesionado, los cuales están conectados al Centro de Comando, lo cual fue “un factor importante para una reducción de 55 por ciento de los delitos en el transporte público, registrados en noviembre de 2020 en relación a los del mismo mes de 2019”.

Por ello, subraya la necesidad de cumplir con el derecho consagrado en el artículo 4° constitucional sobre la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión, igualdad y prevención del delito en las unidades de transporte público.