La diputada Shirley Guadalupe Vázquez Romero (PT) impulsa una iniciativa que adiciona un párrafo segundo al artículo 26 de la Ley General de Educación, con la finalidad de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) priorice planes y programas de estudios referentes a la educación sexual integral y reproductiva.

La reforma plantea que dichos planes y programas deben implicar el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar, la maternidad y paternidad responsable, la prevención de los embarazos adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual.

En su exposición de motivos, la legisladora afirma que una de las principales preocupaciones del Estado mexicano es que el creciente número de embarazos en menores de edad, en los últimos años, lo que ocasiona que la mayor parte de las y los involucrados dejen de realizar sus actividades cotidianas.

Sostiene que lastimosamente México ocupa el primer lugar de embarazos en adolescentes, dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad.

Además, apunta, el 23 por ciento de las y los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años; de éstos, el 15 por ciento de los hombres y el 33 por ciento de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual, de ahí que al año ocurren aproximadamente 340 mil nacimientos en mexicanas de 19 años.

El proyecto resalta que en materia de salubridad las niñas y adolescentes que quedan embarazadas corren un gran riesgo de mortalidad, ya que tienden a padecer problemas como: aborto espontáneo, obstrucción del parto, hemorragia posparto, hipertensión relacionada con el embarazo y afecciones debilitantes durante toda la vida.

Añade que los bebés que nacen fruto de estos embarazos tempranos corren el riesgo de morir en el parto, sufrir desnutrición y por no tener los cuidados necesarios que un infante de 0 a 3 años requiere, ya que los padres desconocen totalmente dichos cuidados, por lo que este fenómeno no sólo afecta la salud de las adolescentes y sus hijos, sino su proyecto de vida, relaciones sociales y posibilidades de desarrollo.

El documento aclara que ser madre o padre adolescente suele agravar una serie de vulnerabilidades relacionadas con la falta de preparación para esta nueva responsabilidad, las características evolutivas de esta etapa y la aceptación de los roles tradicionales de género, y la pérdida y ganancia de experiencia.

La iniciativa también resalta que el embarazo y la maternidad precoces suelen tener graves efectos negativos en los niños adolescentes, exponiéndolos a condiciones adversas que dificultan su desarrollo.

Es decir, que los factores asociados con el embarazo temprano incluyen características de los hogares adolescentes: ingresos financieros de los padres, nivel de educación y estado de pobreza del hogar; sin embargo, también hay factores contextuales relevantes, como el acceso a la educación sexual integral, diferentes métodos de planificación familiar y, sobre todo, garantías de sus derechos.

Por ello, la iniciativa tiene como objeto reformar el artículo 26 de la Ley General de Educación, donde se mencionan los planes y programas de estudio que la SEP tendrá que implementar, adicionando un párrafo segundo para establecer la importancia y priorización en estos planes para que se impartan en materia de educación sexual integral y reproductiva.