El diputado Victoriano Wences Real (PT) impulsa modificaciones a la Ley General de Desarrollo Social para que los pueblos y las comunidades indígenas del país definan sus prioridades de desarrollo y participen en su diseño e implementación.

La iniciativa de reforma a la fracción VIII del artículo 3 de dicha norma, plantea la necesidad de que la Política Nacional de Desarrollo Social incorpore elementos normativos para garantizar que estas comunidades puedan ejercer sus derechos sociales sin menoscabo de su libre determinación y autonomía.

El diputado Wences Real refiere que lo que se busca es fortalecer los principios bajo los cuales debe sujetarse la política de desarrollo social, como son el de la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades, que ya se contemplan en la actual legislación.

Agregó que, al incluir en la ley el derecho los pueblos y comunidades indígenas para definir sus prioridades y modalidades de desarrollo, así como su participación en el diseño, ejecución y evaluación de los programas respectivos, se da cumplimiento a la facultad que les otorga la Constitución.

En la exposición motivos argumenta que, de acuerdo con mediciones realizadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre 2018 y 2020, el porcentaje de la población hablante de lengua indígena en situación de pobreza aumentó de 75.8 a 76.8 por ciento.

Respecto las personas en situación de pobreza extrema, entre 2018 y 2020, se observó un incremento en este indicador al pasar de 35.1 a 35.7 por ciento para la población hablante de lengua indígena y de 5.2 a 6.8 por ciento para la población no hablante de lengua indígena.

Ante ello, indica, “es evidente que la población indígena presenta altos índices de pobreza, pues prácticamente ocho de cada diez personas hablantes de lengua indígena son pobres y cuatro de cada diez están en pobreza extrema.

Por ello, resalta, la Ley General de Desarrollo Social es el instrumento jurídico idóneo para establecer disposiciones que contribuyan a combatir la pobreza, la marginación y la profunda desigualdad que padecen los pueblos y comunidades indígenas, toda vez que tiene el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución.

Y con ello, añadió, asegurar el acceso de toda la población al desarrollo social, señalar las obligaciones del gobierno, establecer las instituciones responsables del desarrollo social y definir los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse la Política Nacional de Desarrollo Social.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Bienestar y de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.