En Puebla y Campeche, recientes medidas legales han encendido alertas entre activistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión, quienes advierten un preocupante avance hacia la criminalización del discurso digital y el ejercicio periodístico.

Puebla: cárcel por insultos en redes sociales

Entró en vigor la Ley de Ciberseguridad de Puebla, apodada por críticos como la “Ley Censura”. Esta normativa tipifica como delito el “ciberasedio”, sancionando con penas de entre 11 meses y 3 años de prisión, así como multas de 50 a 300 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), es decir hasta más de siete mil pesos, a quienes emitan insultos u ofensas en redes sociales. Si la víctima es menor de edad, las penas se agravan.

Organizaciones como Artículo 19, Sociedad Civil México, FAPERMEX y El Club de Comunicadores y Periodista COPAC, han manifestado su preocupación, señalando que esta ley carece de definiciones claras sobre lo que constituye una “ofensa” y puede abrir la puerta a la persecución de opiniones críticas, especialmente contra el gobierno.

Campeche: proceso penal contra periodistas

En Campeche, un juez vinculó a proceso al periodista Jorge Luis González, exdirector del diario Tribuna, y a Isidro Yerbes, representante legal de Organización Editorial del Sureste. Ambos enfrentan cargos por los presuntos delitos de odio y calumnia, acusados de incitar al odio contra la gobernadora Layda Sansores. Como parte del proceso, se ordenó el embargo de sus propiedades por un monto de dos millones de pesos para garantizar una posible reparación del daño.

Diversas voces del ámbito periodístico y de derechos humanos han advertido que este caso podría sentar un precedente peligroso para la libertad de prensa, al utilizar herramientas legales para intimidar y silenciar a comunicadores críticos.

Preocupaciones por el uso político de la ley

Tanto en Puebla como en Campeche —entidades gobernadas por Morena— las recientes acciones legales han sido interpretadas por activistas como un intento de controlar la narrativa pública y limitar la crítica ciudadana en plataformas digitales. Lo que se presenta como una política de protección digital podría, según advierten, convertirse en un instrumento de censura.

Las medidas generan inquietud sobre un posible retroceso en materia de derechos digitales y libertad de expresión, al penalizar formas de comunicación que, aunque polémicas, forman parte del debate público en entornos democráticos.