Sin incentivar la cultura del no pago, y con la finalidad de proteger el patrimonio de los deudores y terminar con las prácticas abusivas, de hostigamiento e intimidación de cobranza, la diputada Sughey Torres Rodríguez, propuso reformar el Código Penal del Estado.

“Sabemos que existe la actuación dolosa y ventajosa de personas que realizan préstamos con el fin de conseguir beneficios económicos, réditos, lucros o intereses que están en total desproporción al interés legal establecido”, resaltó al realizar la ampliación de motivos.

Comentó que en los recorridos que realiza constantemente en las calles se ha dado cuenta que en la actualidad cada vez es más común que los ciudadanos traten de obtener créditos, financiamientos o préstamos a través de diferentes opciones; pero en casos desafortunados se comprometen con financieras de dudosa reputación, así como otras alternativas que aparentemente son más amigables y con menos formalidad.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, precisó que hay personas que a pesar de mostrar interés y voluntad para pagar su deuda, están siendo amenazadas, intimidades y hostigadas con violencia; donde algunos han perdido su patrimonio, muchas veces por deudas muy inferiores al valor de sus bienes; pero, al sentirse amenazadas, han entregado su casa, algún lote o su auto.

Por ello, Torres Rodríguez, explicó que se busca reformar el Código Penal del Estado con la intención que se considere también cobranza ilegítima el uso de violencia, hostigamiento o intimidación, ya sea personalmente o a través de cualquier medio, para requerir el pago de un crédito o una deuda que no sea derivada de actividades financieras reguladas en leyes federales.

Lo anterior, incluyendo créditos o financiamientos que hayan sido otorgados originalmente por personas dedicadas habitualmente a esta actividad, con independencia del tenedor de los derechos de cobro al momento de llevar a cabo la cobranza.