Se tienen 500 quejas en la CEDH

Este delito no debe tener cabida en Durango: diputada.

A fin de garantizar los derechos humanos de los duranguenses y asegurarse que la tortura no tenga cabida Durango, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sandra Amaya Rosales, propuso la creación de la Fiscalía Especializada contra la Tortura.

“La creación de una Fiscalía Especializada enviará un mensaje claro y contundente en nuestro Estado, la tortura no será tolerada”, aseguró al realizar la ampliación de motivos de las reformas a la Ley Orgánica de la fiscalía general de Justicia del Estado.

A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, informó que en el Estado se tienen más de 500 quejas por tortura en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en las que, lamentablemente después de una investigación, se puede confirmar que si existe este tipo de delito.

Al respecto, explicó que creación de una Fiscalía Especializada en materia de Tortura, proporcionará las herramientas necesarias para investigar y llevar ante la justicia a aquellos responsables de cometer actos tan inhumanos; además permitirá brindar una atención más específica y detallada a los casos de tortura.

“Este delito a menudo se encuentra entretejido con otros crímenes y su erradicación requiere un enfoque diligente y especializado. La creación de una entidad dedicada exclusivamente a esta tarea asegurará que los casos de tortura se aborden con la seriedad y la meticulosidad que merecen”, precisó Amaya Rosales.

La legisladora consideró que tortura es uno de los crímenes más atroces y degradantes que pueden cometerse contra un ser humano, ya que no solo atenta contra la integridad física y psicológica de la víctima, sino que socava los principios más básicos de la justicia y la humanidad.

Finalmente, precisó con la propuesta se atiende el mandamiento judicial por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde obliga al Estado, constituir esta institución, derivado de un caso concreto en donde fue la propia Fiscalía General del Estado, la que notificó que solamente cuenta con una unidad administrativa para este tipo de delito.