El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, propuso una nueva reforma al Poder Judicial, para que haya jueces honestos y no corruptos.

Monreal hizo tal pronunciamiento luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a miembros de su Gabinete no ener contacto con los ministros ni negociar nada con el Poder Judicial, molesto porque la presidenta de la Corte, Norma Piña, intentó convenir con el Gobierno los tiempos en que deberá realizarse la desincorporación de la Guardia Nacional de la Sedena y regresarla a Seguridad Pública.

“México requiere de un nuevo sistema de justicia, con jueces honestos, que no tengan aptitudes de complicidad, corrupción o de vendettas políticas”, afirmó Monreal.

El presidente de la Junta de Coordinación Política aseguró que el País requiere de un nuevo sistema de justicia.

“Con jueces honestos, un sistema de justicia mucho mejor que el que tenemos”, señaló previo a una reunión con el Gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, para abordar casos de personas privadas de su libertad, que probablemente puedan ser inocentes.

En conferencia de prensa, acompañado de organizaciones de la sociedad civil que buscan la liberación de personas, consideró que es necesaria una reforma constitucional que permita construir el sistema de justicia que merecen los mexicanos.

Monreal también asistió al Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, en Puebla, para entrevistarse con personas privadas de su libertad, cuyos casos presentan presuntas irregularidades.

Planteó que deben crearse mesas de justicia y paz, para revisar los expedientes de personas que están privadas de su libertad por razones “no jurídicas”.

En 2021 se aprobó una reforma al Poder Judicial, propuesta por el entonces presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, con la que se dijo se combatirían rezagos en el Poder Judicial y la corrupción de juzgadores.

De dicha reforma se propuso prolongar la presidencia de Zaldívar en la Corte, a fin de que se pudiera instrumentar la reforma, pero fue rechazada por los propios ministros, porque violaba el periodo de 4 años para quienes presiden la Corte.