El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, defendió este jueves su polémica declaración de ley marcial el pasado 3 de diciembre, alegando que su intención nunca fue romper el “orden constitucional”, sino “salvar al país” de lo que calificó como partidos opositores “antiestatales”.

En un discurso televisado, Yoon justificó el despliegue de cientos de tropas en la Asamblea Nacional como parte de sus poderes constitucionales, rechazando las acusaciones de insurrección presentadas por la oposición.

“Lucharé hasta el final”, afirmó, dejando claro que no planea dimitir pese a las crecientes demandas de su propio partido y las nuevas amenazas de impeachment que enfrenta en el Parlamento.

Su postura ha orillado a su partido a abandonarlo a su suerte en la votación para destituirlo el sábado.

La ley marcial, que Yoon revocó después de solo unas horas debido a la presión política y social, ha provocado una crisis política sin precedentes en el país. Aunque el gobernante Partido del Poder Popular (PPP) bloqueó un intento inicial de impeachment el sábado pasado, líderes clave, incluidos miembros del propio partido, han instado a Yoon a que dimita para calmar la creciente inestabilidad.

Han Dong-hoon, presidente del PPP, declaró tras el discurso de Yoon que ahora apoya su destitución. Sin embargo, Kwon Seong-dong, aliado de Yoon y recientemente elegido líder del partido en la Asamblea, afirmó que la posición oficial sigue siendo la de oponerse al impeachment.

La propuesta de algunos miembros del PPP es que Yoon renuncie en febrero o marzo, lo que permitiría celebrar elecciones presidenciales anticipadas en abril o mayo. Esto, según sus proponentes, sería la forma más rápida de superar la crisis política derivada de la fallida ley marcial.

La oposición, que controla la Asamblea Nacional, ha convocado una nueva votación de impeachment para este sábado. De los 108 legisladores del PPP, al menos cinco ya han expresado su intención de votar a favor de la destitución. Si tres más se suman, el proyecto podría prosperar.

En caso de ser destituido, Yoon quedaría suspendido de su cargo mientras el Tribunal Constitucional decide si ratifica o revoca su remoción, un proceso que podría durar hasta seis meses. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando al presidente por insurrección. Yoon tiene prohibido salir del país mientras avanzan las pesquisas.

A pesar de las crecientes presiones, Yoon reafirmó en su discurso su intención de permanecer en el cargo y combatir cualquier intento de destitución, señalando que el país necesita “estabilidad política” para superar los desafíos actuales.

Sin embargo, el aislamiento político del mandatario y la pérdida de confianza dentro de su partido complican su capacidad de gobernar en medio de una de las crisis políticas más graves de Corea del Sur en años.